La megabanda presiona para salir a la calle

Casi como si se tratara de un efecto dominó, los acusados de integrar una megabanda de boqueteros y salideras no le dan descanso a la Justicia cipoleña y presionan para que se defina su situación procesal. Y presionan de manera legal, con aguerridos abogados particulares, como el ex juez Pablo Iribarren, quien representa a uno de los hombres señalados como cabecilla: José “Chiqui” Forno. La semana pasada hubo un reclamo para que se revise su prisión preventiva. Igualmente, el magistrado que presidió la audiencia fue recusado y deberá programarse un nuevo encuentro, explicaron fuentes allegadas a la causa penal.

Mientras tanto, a fin de mes, el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti deberá salir con los tapones de punta para evitar que uno de los detenidos, Sandro Gerez, sea liberado. Este fue uno de los primeros imputados que aprovecharon el nuevo escenario que dejó abierto el Código Procesal rionegrino en relación con la prisión preventiva. Gerez, al igual que Forno, permanece tras las rejas desde mayo de 2016. Con el argumento del tiempo transcurrido y otros elementos legales, sus defensores requirieron su liberación inmediata. Aunque no se les otorgó el beneficio de la excarcelación, consiguieron que en el plazo de un mes se avance con la audiencia de control de acusación.

Todavía se desconoce lo que sucederá con Gerez, pero seguramente la fiscalía buscará ampliar los plazos debido a que su intención concreta es llevar a juicio oral al conjunto de los involucrados en una serie de golpes delictivos a empresas y asaltos a familias de la región.

Una situación no muy distinta a la de Gerez se plantearía con Forno, quien en su momento no fue liberado por argumentos como el peligro de fuga y la posibilidad de que obstaculice la investigación, destacaron las fuentes.

Durante esta semana podría fijarse una nueva audiencia con Forno.

El nuevo Código Procesal Penal rionegrino no da respiro en materia de plazos y obliga a la fiscalía local a un gran despliegue.

Casi 20 robos, 11 procesados y 25 mil escuchas

La investigación centrada en una megabanda de boqueteros y responsables de salideras fue impulsada por la fiscalía cipoleña y demandó un gran trabajo de la Brigada de Investigaciones, con escuchas telefónicas y allanamientos que permitieron el secuestro de múltiples elementos de prueba.

Todo arrancó el 4 de mayo del año pasado, con 42 allanamientos y la detención de más de una decena de personas. Se les adjudicó la autoría de casi una veintena de robos en Cipolletti y otras localidades. A finales de mayo de 2016, el ex juez Santiago Márquez Gauna avanzó con el procesamiento de 11 de los detenidos. De igual modo, sólo se dispuso la preventiva de José Forno y de Sandro Gerez.

Las demoras en las pesquisas tienen mucho que ver con el análisis de las escuchas, que llegan a 25 mil llamados y que revelan los nexos de los presuntos integrantes de la organización delictiva. Los hechos de mayor trascendencia que están comprendidos en la causa fueron el robo en el depósito de Blancoamor; el robo -en su domicilio particular- al propietario de una reconocida firma cipoleña, y dos atracos violentos, uno en la zona céntrica y otro en el barrio Los Tordos. Además se probaron delitos cometidos en Regina, Allen y Fernández Oro.

Iribarren versus la fiscalía cipoleña

El ex juez Pablo Iribarren se hizo conocido en Cipolletti por su actuación durante el Primer Triple Crimen. Justamente, por su desempeño en ese caso fue llevado a juicio político, pero fue absuelto. Luego, presentó su renuncia al Poder Judicial rionegrino y pasó a dedicarse a la órbita privada. Su experiencia es dilatada y según fuentes judiciales, mostró todo su arsenal ante el fiscal Santiago Márquez Gauna, quien todavía se está acomodando a su rol de acusador luego de estar al frente de un ex juzgado de Instrucción.