La acusaron por un kiosco de drogas pero zafó

Una cipoleña de 51 años que enfrentaba una causa por narcotráfico logró zafar de ir a la cárcel luego de que la Justicia le impusiera una pena en suspenso. La mujer había llegado acusada de regentear un kiosco de estupefacientes en una vivienda del barrio Antártida Argentina, según una investigación desarrollada por la unidad local de la Policía Federal.

El proceso se llevó a cabo días atrás, en forma abreviada, en la sede del Tribunal Oral Federal de Roca (TOF). La protagonista principal fue una mujer identificada por su nombre de pila como María Estela, quien enfrentaba una imputación por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa penal se abrió tras un allanamiento que se desplegó en su casa, en la calle Turrín, el 15 de marzo de 2013, y que tuvo como resultado el secuestro de poco menos de 60 gramos de cocaína y marihuana.

Los agentes de la Sección Federal de Inteligencia de Drogas y Crimen Organizado de Cipolletti revisaron distintos sectores de la casa de la sospechosa y encontraron tizas de cocaína en el ropero y sobre una mesa en el comedor. También se halló marihuana en los colchones y en el corpiño que llevaba puesto la mujer, precisaron fuentes judiciales.

Más allá del trabajo encabezado por la Policía federal y los resultados del operativo, el TOF consideró insuficientes las pruebas sobre el aparente funcionamiento de un kiosco de drogas. Entre los elementos que se incorporaron a la investigación figuraban los testimonios de los sabuesos de la Federal, que describieron un movimiento de “pasamanos” en la casa de María Estela, con personas que entregaban dinero y se llevaban pequeños envoltorios.

La acusada, con el respaldo de su defensor oficial, aceptó ir a un juicio abreviado. En este caso, el delito fue calificado como tenencia ilegítima de estupefaciente, “previsto y reprimido en el artículo 14, primera parte, de la ley 23.737, en calidad de autora, artículo 45 del Código Penal”, se precisó en el fallo del TOF.

Frente al nuevo encuadramiento legal, la mujer fue castigada a dos años de prisión de ejecución condicional y se le impuso una multa simbólica de 50 pesos.

Sin resultados contundentes

La fiscal general analizó las pruebas en contra de la cipoleña y evaluó que no eran contundentes en relación con la presunta comercialización de estupefacientes. Destacó que las imágenes logradas por los investigadores no mostraban un intercambio entre clientes y vendedora y, de manera paralela, una serie de escuchas telefónicas no revelaron una actividad ilegal.