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Kiosqueros evalúan como seguir por el conflicto de la SUBE

  Hace una semana que cargan tarjetas en rechazo del proyecto de ordenanza que busca prohibirles el cobro de un monto extra por la operación. Quieren que se eleve la comisión, de un monto mínimo, que se les abona por concretar las cargas.

Los kiosqueros de Cipolletti tenían previsto evaluar en la noche del martes los pasos a seguir en el conflicto desatado por el proyecto de ordenanza que busca prohibirles el cobro de adicionales por cargar la tarjeta SUBE.

Hasta el lunes, la suspensión por tiempo indeterminado de tales cargas, que lanzaron hace una semana, seguía firme y, según el sector, con un amplio nivel de acatamiento.

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La disconformidad con la iniciativa del Concejo Deliberante es la punta del iceberg de un cuestionamiento más profundo. Se relaciona con el muy bajo margen que los propietarios perciben como comisión por estas operaciones.

Apenas un 0,5 por ciento del total de lo recaudado es lo que les destinan los responsables nacionales de la SUBE.

Por tal motivo, los propietarios de kioscos de la ciudad, como los de otras localidades, por ejemplo, Neuquén, venían cobrando un adicional, que aquí es de unos 20 pesos de promedio por cada carga.

Como los ediles ahora quieren vedarle ese extra, resolvieron cortar el servicio y la adhesión a la medida seguía ayer alto y con tendencia a crecer.

Sin embargo, pasado una semana desde el comienzo del conflicto, los kiosqueros tenían programado reunirse en la Cámara de Industria y Comercio (CIC) para conversar sobre el panorama planteado y si cabe, o no, seguir adelante con la protesta. El resultado del debate se conocerá este miércoles, pero lo que trascendió es que persiste el malestar por la iniciativa del Deliberante.

Sin embargo, los comerciantes están a la espera de los resultados de las gestiones que se ha comprometido a llevar adelante la Defensoría del Pueblo de Río Negro, a pedido de los propios ediles, para que el controlador nacional de la SUBE aumente la comisión por efectuar las cargas.

Los concejales plantearon esta alternativa luego de reunirse con representantes de los kiosqueros y de la CIC y como una forma de bajar los decibeles al conflicto planteado.

No obstante, hasta ayer, en el sector no se había recibido todavía ninguna comunicación

de la Defensoría y tampoco del Municipio, pese a que los usuarios del transporte colectivo público están experimentando en forma negativa la imposibilidad de cargar la SUBE en un kiosco cercano.

Por lo demás, no hay muchas expectativas por lo que puede realizar la Defensoría en el corto plazo. En otro lugar del país, se solicitó hace un tiempo una gestión similar ante un organismo de ese tipo y todo quedó en nada, más allá de lo documental y testimonial, que es valioso, pero que no modifica las cosas en la práctica.

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