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Elevan a juicio causa por presunta administración fraudulenta en el Ministerio de Turismo

En la causa están procesados José Omar Contreras, Nelson Hevin Daniel, Daniel Angel Arrizabalaga, Lucas Fernando Tamborini y Romina Andrea Valdez.

Cipolletti.- El Juez Favio Igoldi, titular del Juzgado de Instrucción Penal Nro 2, dio por finalizada la instrucción y elevó a la Cámara en lo Criminal de Viedma, para su radicación y posterior juicio oral y público, la causa en la que están procesados José Omar Contreras, Nelson Hevin Daniel, Daniel Angel Arrizabalaga, Lucas Fernando Tamborini y Romina Andrea Valdez, como autores penalmente responsables del delito de presunta “Administración fraudulenta agravada por resultar en Perjuicio de una Administración Pública en forma continuada", respecto de los primeros dos imputados e igual calificación pero en grado de partícipes necesarios, respecto de los tres últimos imputados. Todo ello en relación a la investigación judicial vinculada a cinco hechos ocurridos cuando Contreras se desempeñaba como Ministro de Turismo de Río Negro y que involucra a ex funcionarios, empleados y proveedores de ese organismo bajo su dependencia.

Así, las circunstancias de tiempo se ubican en el transcurso de un período de tiempo comprendido entre los años 2008 y 2010, y en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Provincia de Rio Negro con sede en Viedma, cuando Contreras se desempeñaba como Ministro de esa Area y resultaba responsable de la administración y rendición de los fondos instituidos por el Estado a favor de ese Organismo, y habría violado los deberes que le eran impuestos en razón de su cargo, perjudicando los intereses confiados y ocasionando un perjuicio económico al erario público (aún no cuantificado), bajo diversas formas comisivas, entre ellas anticipo y rendición de fondos; distintos pagos irregulares de facturas;tramitación de contrataciones directas para distitnos eventos, desvíos de fondos, entre otros.

Al momento de elevar el requerimiento a juicio, se indicó que “la afectación al bien jurídico tutelado por la ley penal se concreta mediante los diferentes actos, firmas de resoluciones, aprobación de rendiciones irregulares, adulteración de importes originales de diferentes facturas que ocasionaron el perjuicio a la Administración Pública Provincial que aún no se ha determinado.”

“Concluyendo entonces finalmente que Contreras y Daniel en su carácter de funcionarios públicos han defraudado al erario provincial en todos los hechos descriptos desplegando acciones que derivaron en pagos indebidos hacia los proveedores, y ocasionando un perjuicio al erario público provincial toda vez que no cumplieron su función de cuidado y protección del erario público, teniendo a su cargo el manejo de fondos del mismo y su administración demostraron un desapego al cuidado de la cosa pública con las diferentes modalidades aquí descriptas y analizadas”, se señala en el expediente.

Asimismo se sostiene que “atento que ese accionar se ha probado en diferentes expedientes administrativos relativos a distintas actividades desarrolladas a lo largo del tiempo es que la figura penal en la cual se encuadra el accionar es en el art. 173 inciso 7º en función del art. 174 inc. 5º del Código Penal en calidad de autores respecto de Contreras, Daniel en los hechos indicados.”
“Respecto de las conductas de Tamborini, Arrizabalaga y Valdez, empleado el primero del Ministerio de Turismo, y proveedores los segundos, deben ser encuadradas en el mismo tipo penal pero en calidad de partícipes necesarios y respecto de los siguientes hechos: Tamborini: segundo hecho 2.5 conforme auto interlocutorio de fs. 1134/1141 y tercer hecho; Arrizabalaga: segundo y cuarto hecho y, Valdez: cuarto hecho”, se explicó.

Se puso de relieve que “el delito enrostrado a los imputados implica una lesión que asume la forma del quebrantamiento del deber de fidelidad con base en el deber de cuidado, que nace de la privilegiada posición que ocupa el agente respecto de la administración de los bienes económicos confiados a su cargo. Y la agravante determinada por el art. 174 inciso 5º del C. P. encuentra fundamento en la calidad del sujeto pasivo de este tipo penal es decir la Administración Pública. Y en el actuar de los imputados en las acciones delimitadas, se exige dolo directo en el autor de la defraudación, es decir su conocimiento de que su conducta fraudulenta afecta a la propiedad de la Administración ("Código Penal", Aboso, Gustavo Eduardo, Editorial IBde f, Edición 2012, pág. 951/952).”

Se fundamentó que “la lógica concatenación del plexo probatorio analizado, conduce inequívocamente a sostener que los imputados resultan, presunto autor y partícipes necesarios, del delito que se les enrostra, por lo que oportunamente deberá responder en juicio oral y público, no pudiéndose determinar en el presente requerimiento el monto del perjuicio económico irrogado al erario público provincial en razón de no haberse llevado a cabo la pericia contable pertinente.”

Se fundamento además en la elevación que “de ese modo se tendría determinado el perjuicio irrogado a la Administración Pública, que hasta la fecha no se cuantificado -tal como se indicara en el auto de procesamiento- dado que se han abonado sin ninguna causa sumas que se deben determinar en cada caso, incluyendo una comisión sin haberse tramitado expediente alguno.”

Tras cumplir la etapa de instrucción, ahora resta que la Cámara en lo Criminal dé curso a los pasos procesales correspondientes y fije fecha para la realización del juicio oral y público.
 

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