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El STJ obliga al Municipio y al IPPV a darle una vivienda a un vecino

Se trata de un hombre que reside en esta ciudad en condiciones precarias y es discapacitado. El amparo fue presentado ante la jueza Favot y ratificado por una instancia superior.

En su momento, la Municipalidad había apelado la decisión judicial.
 
La Municipalidad y el IPPV deberán resolver el problema habitacional de un vecino de la ciudad que vive en condiciones de precariedad y tiene discapacidad.
Se trata de Carlos Moser, quien había presentado un recurso de Amparo ante la jueza de Familia María Favot, que hizo lugar al reclamo.
El planteo, inicialmente, estaba destinado al IPPV pero la magistrada consideró además que el Estado local debía intervenir también para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales de contar con una vivienda digna.
La Municipalidad apeló a través de los abogados Ricardo Apcarian y María Mónica Santos y el recurso llegó al Superior Tribunal provincial, que resolvió ratificar la decisión de la jueza y disponer que tanto el IPPV como el Municipio deben resolver el tema.
El vocal Enrique Mansilla  votó a favor y su fundamentación estuvo direccionada a afirmar que existen sobrados antecedentes de casos similares, que hay legislación vigente que obliga a las administraciones a atender la urgencia, y que la propia Carta Orgánica de Cipolletti delega esa responsabilidad en la Municipalidad.

La primera sentencia
Para resolver el amparo, Favot hizo lugar y ordenó al IPPV y a la comuna que “por sí o a través de quien corresponda arbitren los medios a fin de brindar de manera inmediata una solución habitacional al amparista, que contemple conforme su situación familiar las necesidades de manera coordinada”.
La jueza mencionó la legislación “provincial, nacional e internacional vigente referida a la protección y cobertura integral de las personas con discapacidad”, y repudió que la propia reglamentación del IPPV establezca exigencias económicas de contar con determinados ingresos, algo que –dijo- “resulta inconsistente con la situación que atraviesa Moser no sólo en el plano habitacional y económico”, sino también por su discapacidad: tiene diagnóstico de hemiparesia faciobraquiocrural (FBC) derecha –que es un tipo de debilidad o parálisis física-, sumada a diabetes, asma, hipertensión y a un cáncer renal.
La Municipalidad consideró que la sentencia de Favot fue “incongruente” porque incorporaba al Municipio cuando “no es un organismo designado para instrumentar la política de viviendas para personas con discapacidad”.
En la misma línea de acción, Apcarián y Santos sostuvieron que la comuna “carece de competencia, infraestructura y recursos para la ejecución de viviendas para personas con necesidades insatisfechas”, y manifestaron que “el fallo va más allá de lo razonable porque Moser no se encuentra en situación de calle o de desamparo, sino que tiene un techo”.
Roles importantes en la resolución de este caso lo tuvieron la defensora oficial, Cynthia Bistolfi, quien representó a Moser e hizo su descargo tras la apelación, y  la procuradora general, Liliana Piccinini, quien dictaminó apoyando el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia original de Favot, a favor de Moser.
En su voto, Mansilla fue categórico: “El IPPV y la Municipalidad de Cipolletti, a través de sus respectivas políticas y acciones conducentes, deben idear y concretar en forma coordinada la respuesta a situaciones que involucran a un ciudadano rionegrino y su grupo familiar (…) quien se encuentra atravesando una crítica vulneración en el goce de los derechos esenciales como la protección de la salud y de la vida“.
Tras la argumentación, Mansilla votó en contra de la apelación, Barotto adhirió y Sodero Nievas se abstuvo y ahora el Estado deberá resolver el problema del vecino.

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