El Ejecutivo quiere apurar el debate por las tierras de las tomas

Por intervención directa del intendente Aníbal Tortoriello, que habló con la titular del Deliberante, Marisa Lazzaretti, se fijará a la brevedad una sesión en la que se dará ingreso y pasará a comisión para su tratamiento el proyecto de regularización de tierras en la zona norte. El oficialismo respondió así a la inquietud que había ocasionado en los asentamientos la posibilidad de que el tratamiento de la propuesta pudiese demorarse demasiado.

El jefe comunal manifestó que resulta comprensible que los pobladores de las tomas estén “sensibilizados” por la necesidad de resolución de sus demandas y ratificó el compromiso de su gestión de cumplir con el proceso de urbanización en marcha y de solución del problema de las ocupaciones.

Explicó que, tal las previsiones adoptadas, primero se declararán de utilidad pública las 66 hectáreas donde se encuentran los principales asentamientos del norte, entre los que se cuentan el Barrio Obrero A y B, y luego se seguirá con la regularización del resto de las 500 hectáreas contempladas. Sostuvo que el oficialismo procurará que la discusión del paquete inicial, que conforman la unidad de gestión uno, se concrete lo antes posible y destacó la necesidad de llevar tranquilidad a los pobladores.

El concejal Miguel Aninao, en tanto, indicó que la próxima semana se pondrá fecha para la sesión en que se ingresará oficialmente la iniciativa del Ejecutivo y dijo que se aprovechará la ocasión, además, para aprobar el esquema administrativo que permitirá acelerar la respuesta a los pedidos de informe de los ediles al gobierno municipal. Junto con ello, se recepcionarán otras propuestas.

Ayer, apenas enterada de que el debate por las tierras podría extenderse más de lo aconsejable, la dirigente Lilia Calderón no ahorró críticas a través de emisoras radiales y se comunicó con Lazzaretti para apurar los trámites y solicitarle una reunión para explicar las urgencias de los vecinos.

En el Barrio Obrero A están interesados en una aprobación rápida de la utilidad pública para que así la Legislatura provincial pueda tratar antes de fin de año la expropiación del predio cuya propiedad reclama la familia de Carlos Romero. Calderón dijo también que se pedirá celeridad para la normalización de las otras tomas, tanto dentro de las 500 hectáreas como en el resto de la ciudad.