Dos familias resisten un desalojo en el San Pablo

Ayer pegaron el faltazo a la audiencia de formulación de cargos.

Dos familias que están ocupando desde hace un año una vivienda ubicada en la calle Independencia 238, en el barrio San Pablo, resistirán el desalojo ordenado por la Justicia. Ayer, tenían que asistir a una audiencia de formulación de cargos, en calidad de imputados, y no lo hicieron porque temían que al abandonar la vivienda ya no pudieran ingresar más.

“No fuimos porque sabemos cuál será el resultado y en la calle no nos podemos quedar. Vamos a resistir porque no tenemos dónde ir”, dijo Andrea López, una de las mujeres que ocupa la propiedad, junto a su pareja y sus dos niños de 2 y 5 años.

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Según la acusación, las familias ingresaron al lugar entre el 12 y el 18 de diciembre de 2016. El inmueble estaba deshabitado, pero una empresa lo había adquirido el 17 de marzo de ese año y luego gestionó ante la Municipalidad un permiso de demolición, que caducó en octubre.

“No fuimos porque sabemos cuál será el resultado y en la calle no nos podemos quedar con nuestros hijos. Vamos a resistir porque no tenemos dónde ir”, dijo Andrea López. Vive en la casa tomada junto a su pareja y dos hijos.

Las dos familias están acusadas de usurpar el inmueble y hace más de un mes deberían haber desalojado el lugar de manera pacífica y ordenada, según lo dispuesto por la jueza Florencia Caruso. Sin embargo, ese plazo tampoco sería fatal. La magistrada necesita escuchar a las partes antes de tomar una decisión. Es por eso que la oficina judicial tendrá que reprogramar una nueva audiencia, ya que la de ayer fue suspendida porque ni siquiera comparecieron los abogados que representan a la querella (la empresa que adquirió la vivienda para demolerla con fines inmobiliarios). Además, la Fiscalía tampoco pidió un desalojo forzado.

En tanto, los imputados ratificaron ayer su decisión de permanecer en el lugar porque no tienen dónde ir a vivir. “Un alquiler no resuelve el problema. El Estado te paga dos o tres meses y después te tiene a las vueltas. Nosotros necesitamos una casa para vivir y estamos dispuestos a pagarla”, aseveró Andrea, la joven de 23 años que tiene a su cargo dos pequeños.

Junto a ella, también se encuentra otra joven que está embarazada de ocho meses, y su pareja; y otra mujer que hace muy poco se enteró que va a ser mamá. “Estamos con miedo, pero no nos podemos ir de acá”, reiteró. En la actualidad, serían tres familias las que residen en el lugar, aunque los imputados son los integrantes de las dos familias que ocuparon inicialmente el predio.

Aseguran que el único ingreso que tienen son las changas que hacen los hombres de la vivienda vendiendo cerezas en la vía pública.

Causa

El interés de los niños por sobre todo

El conflicto de estas familias no es de fácil resolución porque se considera que el interés superior del niño se encuentra por encima de los intereses comerciales de los representantes de la empresa inmobiliaria y constructora. Y el derecho a contar con una vivienda digna es lo que hoy está en juego. La defensoría oficial y la defensora de menores del fuero penal representan los intereses de las familias que están actualmente usurpando el inmueble. Sin embargo, en las últimas horas, los imputados habrían presentado un escrito para designar a un defensor particular.

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