La Justicia está a un paso de tener la primera experiencia rionegrina con la famosa ley del arrepentido. Se trata del pedido remitido por Juan Domingo Lezcano, uno de los imputados en la causa que investiga asociación ilícita y administración fraudulenta en el sindicato de la fruta. El principal sospechoso para la fiscalía es el ex legislador Rubén López y el monto total de la maniobra ascendería a un millón de pesos.

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Carlos Fernández, el abogado defensor del ex secretario adjunto del sindicato, sorprendió en plena audiencia con el pedido para que su cliente pueda acceder a los beneficios de la Ley 27304 promulgada en 2016. Consultado por LM Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal contó que el delito por el cual se lo acusa (asociación ilícita) lo permite, y si la información que promete aportar es de relevancia y prueba la autoría del delito de sus superiores, estaría en condiciones de acceder.

Afirmaron que este beneficio, en caso de implementarse, no tiene como objetivo la absolución del imputado, sino obtener una reducción de la pena estimada en una tentativa. Es decir, impediría que se lo condene como autor del delito por el cual se lo acusa y solo se lo consideraría partícipe.

"Durante el proceso tiene que quedar acreditado que brindará información o datos precisos, comprobables y verosímiles sobre los autores. El efecto concreto se verá durante el juicio, cuando la declaración del imputado adquiere verdadero valor", indicaron desde fiscalía. Agregaron que, si el juez no homologa el pedido, esa información brindada por el imputado de forma previa pierde valor como prueba y no se podrá utilizar.

La presentación del requerimiento aún no fue formal, solo se informó la intención de la defensa en la audiencia. Como los demás letrados no estaban al tanto, se pidió la suspensión del encuentro para otorgar la posibilidad de que otros imputados puedan acogerse a ese derecho. El único que no podrá acceder a esto será Rubén López, ya que él no tiene un superior a quien desligar la autoría de los delitos por ser la máxima autoridad de ese momento.

Desde fiscalía comentaron que el control de acusación aún no se realizó porque la causa se encontró con una gran cantidad de reclamos que retrasaron el proceso, como pedidos de juicio a prueba, de caducidad, absoluciones y de interposición la figura del arrepentido.

Investigación

La causa está a cargo de los fiscales Guillermo Merlo y Santiago Márquez Gauna, y tiene como imputados a ocho ex miembros del Sindicato de Obreros y Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y de la obra social. Según indicaron, las maniobras se cometieron entre 2006 y 2015 por un monto de un millón de pesos. La defraudación consistía en realizar pagos por horas no trabajadas a familiares y conocidos de los dirigentes, pagos de servicios no contemplados y compras de bienes en beneficio de los acusados. Se suma la cobertura médica total a una persona que no pertenecía a la obra social y la falta de presentación de los balances de las cuentas.

La fiscalía resaltó que tres de los imputados están acusados por asociación ilícita mientras que a los dirigentes que tenían a su cargo las finanzas se les atribuye administración fraudulenta.

La ley del arrepentido tendría su debut en el ámbito de la Justicia provincial

La ley del arrepentido se puede instrumentar en casos de delitos como corrupción, tráfico de drogas y trata de personas, entre otros. Suele utilizarse en causas federales más que en la Justicia provincial.

La colaboración del imputado debe ser por escrito. Debe contar con detalles sobre el delito del cual participó y explicar en calidad de qué lo hizo. También debe aportar pruebas concretas.

Si se demuestra que la información es falsa, el imputado pierde automáticamente el beneficio y puede recibir severas penas.

Acceder a la ley no implica una declaración de inocencia, sino que el imputado se ve beneficiado con una reducción de penas porque sería considerado partícipe y no autor. Esta ley se hizo famosa en 2018 por la denominada causa de los cuadernos K que investiga sobreprecios y pago de sobornos en la compra de gas licuado. Los principales procesados son Cristina Fernández y Julio de Vido.

En el caso cipoleño, habrá que esperar los pronunciamientos de la defensa y y de los magistrados.

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