LMCipolletti 26 de julio 2009 - 21:00

Debate del convenio entre Río Negro y el ANSES

El tema se tratará en la Legislatura y fue firmado hace dos años por Saiz. El pago pendiente por aportes de cada eventual beneficiario promedia los 40.000 pesos, con casos que superan los 100.000 pesos.

Cipolletti.-El bloque de la Alianza Concertación para el Desarrollo impulsará esta semana el debate del convenio de Río Negro con Anses, que hace un año espera en las comisiones de la Legislatura y fue firmado hace más de dos años por el gobernador Miguel Saiz.
Así lo aseguro el presidente de la bancada oficialista Iván Lazzeri quien manifestó que “se insistirá con ese proyecto para reabrir el análisis y alentar la renovación de la estructura judicial. Destacó que esa iniciativa previsional tiene que ir enganchada" con la revisión del Consejo de la Magistratura, cuyo funcionamiento complica hoy la cobertura de una treintena de vacantes en el Poder Judicial”.
En el segundo semestre del año pasado, la ratificación del convenio con Anses se postergó frente al rechazo de los gremios y los bloques.
En el acuerdo, Río Negro adhiere a la ley nacional 24.018 y garantiza el 82 por ciento móvil para los jueces y funcionarios de la Justicia, incluyendo la modificación de los aportes previsionales del Estado y de los beneficiarios. Esta situación derivó en una negociación con AFIP para el cálculo y la forma de pago de esos aportes pendientes, que superan los 12 millones de pesos.
El pago pendiente por aportes de cada eventual beneficiario promedia los 40.000 pesos, con casos que superan los 100.000 pesos.
Casi unos 310 magistrados y funcionarios de la Justicia podrán sumarse al nuevo régimen previsional si la Legislatura ratifica ese convenio con Anses. El Superior Tribunal de Justicia pregonó siempre ese régimen previsional, ya que le ofrecía una alternativa de renovación por el alejamiento de magistrados, que continúan en sus funciones porque la diferencia entre el sueldo y su haber jubilatorio.
En julio del año pasado, el tratamiento legislativo se paralizó y su análisis se derivó a la Comisión de Asuntos Sociales, que abrió una ronda de consultas. La iniciativa persiste en esa instancia.