Centran pesquisas por robo al Correo en el policía preso
"Está directamente involucrado", dijo una fuente policial respecto de la situación del efectivo de la Fuerza detenido el viernes tras el violento asalto a un taxi donde se movilizaan empleados del Correo Argentino con 137.000 pesos para el pago de jubilaciones en la Línea Sur. Al no haber mayores indicios sobre los ladrones, las pesquisas policiales se centraron en él, entonces, para obtener datos concretos sobre los autores del robo.
El efectivo había sido detenido luego de brindar una versión poco clara sobre su presencia a la vera de la Ruta 6, entre El Cuy y Mencué. "No tenía nada que hacer allí", aseguró una fuente policial.
Tras recibir atención médica en El Cuy el agente aseguró que había sido secuestrado por los ladrones, y que lo liberaron en la zona una vez que asaltaron el vehículo utilizado para trasladar el dinero. "La versión fue inverósimil", dijo el Comisario Felipe Azanza, subjefe de la Regional Segunda.
Según se supo, hasta ayer el detenido no había sido indagado por las autoridades judiciales que investigan el hecho. Oficialmente, no se conoció que rol dentro de la banda le endilgan los investigadores al efectivo policial involucrado en el violento asalto.
Por otro lado, Azanza confirmó que "el Ford Falcon que usaron -los ladrones- fue trasladado a la Regional para la realización de algunas pericias pendientes", de las cuales la Policía espera obtener indicios sobre los delincuentes que participaron del atraco.
El vehículo fue incendiado por los ladrones una vez que dieron alcance al taxi y lo atacaron con un fusil con mira telescópica de alto calibre. En el lugar del hecho, la Policía halló algunos casquillos correspondientes al arma.
Heridos
Por otro lado, Azanza aseguró que las tres personas heridas en el ataque evolucionan favorablemente de lesiones que no revestían mayor gravedad.
La Policía provincial atraviesa una grave crisis a raíz de sucesos que remiten a las más oscuras épocas del país, pero en un gobierno democrático. Lejos de vislumbrarse cambios estructurales o de funcionamiento, los episodios se suceden a diario. Se cobran víctimas y, además, perjudican a la mayoría de los miembros de la fuerza, quienes trabajan con honestidad pero cargan con el descrédito generalizado de la sociedad.
En junio, Diego Bonefoi (16 años) murió a manos de un disparo policial en su cabeza en Bariloche. Hubo una revuelta popular y otras dos personas perdieron su vida. Diego Larreguy (Gobierno), Victor Cufré (secretario de Seguridad y ex jefe de la Fuerza) y Jorge Villanova (jefe de la Policía) mantuvieron sus cargos. En octubre, Guillermo Trafiñanco (16 años) murió en Viedma al recibir un disparo por la espalda, presuntamente a manos de otro efectivo policial. Tras el hecho, el gobernador Miguel Saiz descartó cambios en el área de seguridad porque “aquí nadie dijo andá y mátalo”.
La decisión de Saiz es, al menos, llamativa a nivel de gobierno. E inentendible desde el análisis político. El gobernador se ató a sus dos funcionarios más cuestionados, Larreguy y Cufré, en un año en el que además hay causas judiciales abiertas que involucran a efectivos policiales: la denuncia por abuso sexual de una menor de edad en Guerrico y el reciente asalto a un móvil del Correo Argentino en la Línea Sur. El primer detenido fue un policía. Dos casos resonantes en torno a los cuales la Justicia deberá determinar la efectiva implicancia de los efectivos.
Tras el crimen en Bariloche, oficialmente se hizo pública la detención del cabo Sergio Colombil –presunto autor del disparo. Y por el caso Trafiñanco, Saiz aseguró que “esto ha ocurrido con agentes policiales que tienen bastante antigüedad y que vienen de la antigua escuela de Policía”. La referencia es para el acusado del asesinato de Viedma, Silvano Meza, con más de 20 años en la fuerza. Lo que omitió es que el efectivo se desempeñaba con dos denuncias por apremios ilegales en proceso, iniciadas este año. Una muestra de la ausencia de medidas preventivas para evitar nuevos hechos violentos.
El gobernador respalda a los tres funcionarios y así puede entenderse que –junto a Larreguy y Cufré- considera que los distintos hechos son aislados; errores de los distintos efectivos pero sin una vinculación entre que permita establecer la necesidad de cambios. Se señala a los efectivos, pero sin cambios en la cúpula ni en el rumbo.
Además, un fotógrafo viedmense, Carlos Thorp, denunció haber recibido una golpiza policial. Y aseguró que “yo hacía el ´laburo` sucio de la Policía, como quién seguía al ministro (Larreguy), quién lo acompañaba, quién es el que estaba apoyando, qué gente iba a las marchas. Me ocupaba de sacar las fotos de quienes iban para después darle, o no, apoyo político”, admitió.
El caso de Thorp es polémico porque se hicieron públicos los resultados de estudios médicos practicados tras denunciar las vejaciones policiales. Ninguna de las lesiones que el joven (19) aseguró padecer fue constatada. Sin embargo, el reportero gráfico hizo luego las graves afirmaciones sobre su desempeño para la fuerza, que deberá ser confirmado.
Ante este panorama, urgen medidas que modifiquen el rumbo de la Policía. Es llamativo que tras cuatro muertes con presunta participación de efectivos de la fuerza pública, para el gobierno provincial encabezado por Saiz, sólo Colombil y Meza sean responsables. Las responsabilidades fueron hacia abajo de la cadena de mandos. Y así, parece utópico pensar en la existencia de una fuerza responsable de éxitos en seguridad y no de delitos.
Por el momento, Saiz, Larreguy, Cufré y Villanova siguen el lema de la Policía: “Sustine et Abstine”. Soporta y abstente.
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