Barrio Obrero A: Nación evalúa una oferta de Romero

La Secretaría de Acceso al Hábitat de la Nación está evaluando un planteo efectuado por el propietario de las tierras del Barrio Obrero A, Carlos Romero, para que esa repartición intervenga y adquiera el predio ocupado, como vía para alcanzar una solución integral al problema del asentamiento irregular.
La alternativa fue puesta en conocimiento de la delegación del Foro por la Tierra y la Vivienda de Río Negro durante la reunión que mantuvieron en Buenos Aires con el titular de la cartera, Rubén Pascolini.
Ayer, Romero confirmó la información dada por el funcionario nacional y se alegró de que se la hubiera hecho pública ya que él no ha recibido aún el remito confirmando el recibimiento de la propuesta.
El propietario explicó que el ofrecimiento que hizo llegar a Nación es el mismo que presentó, sin éxito hasta ahora, a referentes del asentamiento meses atrás.
De acuerdo con lo conocido en su oportunidad, por las tierras ocupadas se fijó un precio de 1.300.000 dólares, lo que dividido en las 462 parcelas habitadas da un monto de 2.813,85 dólares por cada lote. Como en la operación impulsada se debería tener en cuenta el valor del dólar al momento de formalizarse el compromiso de compra, en pesos el monto debería variar. Al cambio actual de 8,4919 pesos por dólar, el predio total rondaría los 11.039.470 pesos y cada lote unos 23.894,93 pesos.
Romero manifestó que gestionará una reunión con el secretario Pascolini, para interiorizarse del tratamiento que se está dando a su ofrecimiento. Lo hará a través del delegado patagónico de Acceso al Hábitat, José Rodríguez.
Para el dueño de las tierras existe la oportunidad de que el Barrio Obrero A sea el primer asentamiento irregular del país que solucione sus problemas de fondo en el marco del programa de normalización urbana que ha dispuesto Nación y para el que Pascolini contará con un presupuesto de más de 2.100 millones de pesos.
En su condición de propietario, está dispuesto a colaborar para acelerar los tiempos en procura de una respuesta definitiva, pues es consciente de que los tiempos judiciales para el desalojo de la toma, que él impulsó legalmente, están cerca de cumplirse. De allí su voluntad de alcanzar una solución de consenso.