ATE repudió el decreto de Macri para mantener a sus funcionarios

El gremio ATE Río Negro se pronunció en contra del decreto del presidente Macri que plantea el pase a planta a los altos mandos de la Administración Pública.

El sindicato rionegrino calificó como inmoral el decreto 788/19 firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, para pasar a planta permanente a la Alta Dirección del Estado. La medida contó con el acuerdo del gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

“Frente a esta medida de un Gobierno que se retira en 14 días y crea un régimen especial para conferir estabilidad a los directores generales por cinco años, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización con medidas sorpresivas en el Estado nacional”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

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“Es al menos inmoral que Macri intente, por decreto, perpetuar a sus funcionarios y, peor aún, tener que asistir a las artimañas de un gobierno que en estos cuatro años se encargó de menospreciar a los estatales, multiplicando los despidos que dejaron a miles de familias en la calle, calificando de ñoquis a quienes reclamaron por sus derechos”, expresó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

El dirigente también expresó su repudio absoluto al apoyo que UPCN otorgó a esta medida, al firmar con el gobierno un acta paritaria donde se habilitó el ingreso y permanencia al personal jerárquico a una carrera paralela, la Alta Dirección Pública (ADP), diferente del sistema de administración pública común (SINEP).

“No podemos quedarnos callados y aceptar este acto vergonzoso. Por eso desde el sindicato llamamos a movilizar y demandamos la derogación de esta norma que, además, prevé indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos en caso de que se quiera remover de sus cargos a alguno de estos funcionarios”, completó.

Es que, al modificar el régimen para funcionarios jerárquicos del Estado, Macri establece que los cargos políticos que fueron nombrados permanecerán en sus cargos como mínimo un año más, caso contrario, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, lo que implicará sumas de varios millones de pesos sobre la espalda del nuevo gobierno a la hora de querer nombrar a sus propios funcionarios.

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