Aprueban norma que pone límite a los embargos sobre coparticipación y regalías
Durante la sesión de la Legislatura en la jornada de hoy fue aprobado en segunda vuelta el proyecto de los legisladores de la Concertación, Carlos Sánchez, Nelly Meana, Iván Lazzeri y Gabriela Buyayisqui.
La ley 2535 establece que los embargos ordenados judicialmente sobre los fondos de coparticipación, regalías y los montos que perciben en concepto de tasas y servicios cada uno de los Municipios de la Provincia podrán ser afectados únicamente hasta el porcentaje del diez por ciento.
“La política económica tiene siempre como principal protagonista al Estado, que es el agente que la diseña e implementa. La relación entre el diseño e implementación de la política económica y la restricción presupuestaria del sector público es un tema que no puede dejar de observarse con mucha atención, porque la situación fiscal (presente y proyectada) puede transformarse en un serio condicionante de las acciones de política que se pueden seguir y los instrumentos que se pueden utilizar”, mencionaron los autores de la ley.
Agregaron que “todo lo que haga el Estado en materia de política económica en distintas áreas tendrá impacto directo o indirecto sobre su restricción presupuestaria, en el corto y/o en el largo plazo”.
La iniciativa menciona que “las municipalidades son el nivel de gobierno que se encuentra más cerca de la gente y por lo tanto debe contar con las herramientas necesarias para la implementación de políticas económicas que den respuesta a las distintas necesidades que se presentan, por lo tanto la implementación de cualquier acción de política económica implica la utilización de recursos materiales, humanos o financieros. Esto significa que existen costos de implementación en que se incurre para poder llevar a cabo las medidas, que deben contar con el correspondiente financiamiento”.
Sánchez explicó que “atento a la situación económico financiera que vienen atravesando los distintos municipios de nuestra provincia es que se sancionó la Ley 2.535, con el objetivo de dar una respuesta efectiva a la acuciante situación económica de los Municipios, los cuales, se veían apremiados por las demandas judiciales que amenazaban con quebrar las estructuras financieras municipales”.
En un principio, el artículo 5º de la ley, establecía un plazo de vigencia de cinco años a partir de su sanción, esto es, hasta el 14 de octubre del año 1997. Sin embargo, leyes posteriores, en la inteligencia de que se hacía imperioso seguir contando con una norma que garantizara la continuidad legal tendiente a garantizar el pleno funcionamiento financiero de los Municipios, fueron prorrogando el plazo de su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2010.
“Hoy a muy poco tiempo de que opere el vencimiento del plazo de vigencia de la actual Ley N Nº 2.535 y en el entendimiento de que en la actualidad se mantienen las condiciones fácticas que determinaron la sanción de las leyes, -que no son otras que la necesidad de contar con una norma que garantice la continuidad legal tendiente a garantizar el pleno funcionamiento financiero de los Municipios - es que propiciamos extender el plazo de su vigencia por otros cinco años más”, mencionaron para finalizar los legisladores autores del proyecto.
(Fuente: Bloque Concertación)
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