Antidoping para todos los funcionarios
Legisladores del bloque del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para obligar a los funcionarios provinciales de primera línea a someterse a rinoscopías para detectar si consumen drogas.
En ese sentido, explicaron que la iniciativa ya había sido planteada en el 2016 pero fue cajoneada, perdió estado parlamentario y ahora tuvieron que presentarla nuevamente en este período ordinario.
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De aprobarse esta ley, será de carácter obligatorio la realización de estudios médicos y/o bioquímicos anuales y la obtención de un certificado psíquico y físico para los funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta la categoría de director, y miembros de la Policía de Río Negro, hasta el rango de subcomisario. La norma también contempla a las autoridades del Poder Legislativo, hasta la categoría de director, y a todos los legisladores provinciales. El objetivo es desestimar la adicción a las drogas.
Los autores del proyecto de ley para control del consumo de drogas en funcionarios públicos son Alejandro Marinao, Javier Iud y Ariel Rivero.
“Los estudios se realizan una vez al año e incluirán exámenes psiquiátricos, rinoscopía, orina y sangre completos”, explicaron los impulsores de la norma. Mientras que agregaron: “El uso de estupefacientes en la administración pública es un tema que debería preocuparnos, especialmente a quienes ocupamos cargos de elección popular. Por eso creemos importante cumplimentar estos exámenes”.
Pero aclararon que las adicciones son entendidas como enfermedades “y por lo tanto no pretendemos estigmatizar a quienes las padecen, sino por el contrario, procuramos que las personas puedan tratarse y recuperarse”.
Los municipios pueden adherir
En el proyecto de ley se especifica que, además, los municipios podrán adherir también a la norma. En caso de hacerlo, deberán cumplir con los análisis anuales a los empleados jerárquicos.
Las idas y vueltas del proyecto
El primer intento
Los legisladores Alejandro Marinao, Javier Iud y Ariel Rivero presentaron el proyecto en el 2016, pero fue cajoneado y perdió estado parlamentario.
Insisten
Esta vez, volvieron a presentarlo con la intención de que se trate en una sesión ordinaria. Aseguran que es un tema fundamental.
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