Atención conductores: comienzan a funcionar los radares con fotomultas

El sistema de control de velocidad con radares pasará este jueves a una nueva fase en la provincia de Río Negro. Tras completarse los plazos de adaptación y advertencia, a partir de mañana los conductores infractores enfrentarán sanciones económicas efectivas, las cuales contarán con un piso de 200.000 pesos y un primer escalón de 400.000 pesos para aquellos que superen en más de un 30% la velocidad máxima permitida en los tramos fiscalizados.

Cabe destacar que estos montos resultan inferiores a los que se encontraban vigentes hasta hace pocas semanas. La modificación responde a una reciente disposición del Gobierno provincial, que anunció una reducción de hasta un 72% en el cuadro tarifario de las sanciones viales con el fin de readecuar el esquema punitivo.

Radares: legalidad y legitimidad en debate

A pesar de la reducción en los valores de las multas, la implementación del sistema sigue bajo un estricto monitoreo político y social. Desde el bloque de la Coalición Cívica-ARI Cambiemos advirtieron esta semana que “los radares deben servir para prevenir accidentes, no para recaudar”, abriendo el debate sobre el verdadero propósito de los dispositivos en las rutas de la región.

En este contexto, el legislador Javier Acevedo, presidente de la mencionada bancada y autor de la Ley Provincial N.º 5726 —normativa que regula actualmente los mecanismos de control vial en el territorio—, recordó que cualquier tipo de implementación debe ajustarse estrictamente a los protocolos técnicos y legales que se encuentran vigentes. Al respecto, el parlamentario señaló que la utilización de radares “solamente tiene legitimidad social cuando cumple una finalidad preventiva, de ordenamiento del tránsito y reducción de accidentes, y no cuando aparece asociada a objetivos meramente recaudatorios”.

Las pautas obligatorias que debe cumplir el Gobierno

El legislador roquense remarcó de forma taxativa que la legislación de Río Negro establece condiciones específicas y obligatorias para la instalación, habilitación y correcto funcionamiento de todos los equipos de fiscalización electrónica. Entre los requisitos centrales determinados por la norma se destacan la homologación y certificación técnica de los dispositivos, el despliegue de señalización vertical preventiva con suficiente antelación, la identificación clara de las velocidades máximas permitidas y la colocación de cartelería que informe de manera inequívoca la existencia de los controles electrónicos.

Asimismo, la Ley Provincial N.º 5726 exige la publicidad y trazabilidad de los puntos de control autorizados por la autoridad competente, la intervención obligatoria de organismos idóneos mediante auditorías periódicas sobre la calibración y el funcionamiento técnico, el pleno respeto del debido proceso administrativo junto al derecho de defensa del ciudadano, y la aplicación rigurosa de criterios uniformes y técnicamente fundados para la determinación de las velocidades y las zonas de control elegidas.

Es importante recordar que Javier Acevedo es el autor de la ley vigente, la cual fue sancionada luego de derogar el sistema anterior, caracterizado por imponer multas sumamente costosas y sin los consensos ni regulaciones técnicas actuales.

ECP RADARES (35)

Las multas con radares son válidas desde este jueves en Río Negro.

Estefania Petrella

Estándares y distancias para la señalización técnica

En materia de cartelería y advertencia en ruta, los estándares técnicos declarados compatibles con el Manual de Señalamiento Vertical de la Dirección Nacional de Vialidad establecen que todo control electrónico debe estar obligatoriamente precedido por al menos dos carteles informativos bien definidos:

El primero, de carácter netamente preventivo, debe ubicarse a una distancia de entre 500 y 1.000 metros antes del dispositivo de control. El segundo, con función reiterativa, debe posicionarse entre los 250 y 500 metros previos al radar. Inmediatamente antes del dispositivo físico, se debe colocar la señal reglamentaria circular que indique el límite de velocidad máxima permitida para ese tramo específico de la calzada.

“Si el conductor descubre el control recién cuando tiene el equipo encima, el sistema deja de cumplir una función preventiva y pasa a tener un carácter meramente recaudatorio”, advirtió de forma categórica el legislador Javier Acevedo.

Dimensiones y características de las señales preventivas

Por su parte, las señales de tipo preventivo —reconocibles por su color amarillo y que portan leyendas explícitas como “Control electrónico”, “Fiscalización electrónica” o “Radar”— deben poseer dimensiones obligatorias de entre 120 y 150 centímetros al ser instaladas en rutas. En tanto, los carteles reglamentarios circulares oscilan entre los 90 y 120 centímetros de diámetro. Toda la señalización descrita debe contar con lámina retrorreflectiva de alta intensidad para garantizar su visibilidad en condiciones nocturnas o adversas. Para el caso de autopistas o corredores viales de alta velocidad, las dimensiones pueden ser aún mayores.

El marco normativo que sustenta de manera sólida estos requisitos técnicos incluye de forma conjunta al Manual de Señalamiento Vertical de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Decreto 779/95 Anexo L —que fija los criterios de ubicación y visibilidad de señales—, la Disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 294/2010 sobre publicidad y señalización de controles, y las resoluciones específicas de homologación de radares dictadas por la propia ANSV, las cuales reiteran de manera constante la obligatoriedad de la cartelería conforme a los estándares nacionales.

El espíritu de la nueva ley de radares

Con respecto al trasfondo de las exigencias vigentes, el parlamentario expresó: “El espíritu de la ley 5726 fue evitar mecanismos sorpresivos o discrecionales. La seguridad vial requiere previsibilidad, transparencia y controles técnicamente respaldados”.

En igual sentido, sostuvo con firmeza que los controles por radar no actúan de manera aislada, sino que deben estar estrictamente acompañados por políticas integrales de seguridad vial, que incluyan de manera coordinada campañas de educación, mejoras estructurales en la infraestructura, señalización adecuada y la prevención activa de riesgos en los corredores de alta circulación.

“No estamos discutiendo la importancia de controlar excesos de velocidad. Estamos diciendo que esos controles deben realizarse con reglas claras, información visible y estricto cumplimiento de las garantías previstas por la ley”, dijo Acevedo a Literal.ar.