Zerdán II: el fiscal exigió perpetua para Aguirre hijo

El fiscal Marcelo Gómez acusó a Juan Manuel Aguirre Taboada de ser el autor del homicidio calificado por alevosía de Ana Zerdán, pero no le formuló cargos a su padre, Juan Carlos Aguirre, quien también es juzgado por segunda vez como sospechoso del crimen. La defensa pidió la absolución.

Después de 17 años, Juan Carlos Aguirre dejó de ser apuntado por la Fiscalía por el asesinato de su pareja. Para el fiscal Gómez, encubrió a su hijo, pero lo exculpó por la relación de parentesco. El que quedó en la mira fue su hijo, Juan Manuel Aguirre Taboada, quien al momento del hecho tenía sólo 24 años. El fiscal basó su acusación en la única prueba que le quedaba: la llave del auto de la bioquímica. Y fue Aguirre Taboada quien se la entregó a la Policía.

Por el auto
Basada en la llave, la Fiscalía sostuvo que tiene serios motivos para acusar al hijo de Aguirre, pues las pericias psiquiátricas arrojaron que posee una personalidad psicótica que carece de remordimiento. En cuanto a por qué habría matado a la pareja de su padre, Gómez afirmó que “el móvil nunca fue quedarse con los bienes de Ana ni heredarlos, sabía que eso era imposible”. Según aseguró, “el motivo fue la reacción ante la negativa de prestarle el auto que siempre le solicitaba”. Y detalló que varios testigos sostuvieron que la bioquímica “era muy celosa y casi no lo prestaba”.

Estos indicios son los que, según la Fiscalía, involucran fuertemente al acusado con el crimen de Zerdán. Añadió, también, que Aguirre Taboada “se fugó del país, permaneció bastante tiempo fuera” y sólo volvió al ser detenido en España.

Con esas sospechas, Gómez pidió que al momento de la condena se le aplique la pena de prisión perpetua y se disponga la prohibición de salir del país hasta que la sentencia quede firme. El fallo se conocerá el miércoles 26.

La defensa
“Qué vergüenza”. Así abrió su alegato el abogado defensor Juan Pablo Piombo, avergonzado por la Justicia. Indignado, tomó la Constitución Nacional para señalarles a los jueces que dentro de ella “hay derechos que hay que respetar para que no pase lo mismo que pasó en la década del 70 o en otros momentos de la historia argentina donde la gente era condenada sin juicio previo”.

Piombo afirmó: “Los principios constitucionales de derecho procesal se violaron casi todos”. Sostuvo que “este es un caso paradigmático de lo que no hay que hacer”. En primer lugar se le negó el principio de inocencia: “Estas personas estuvieron más de tres años presos sin haber cometido ningún delito. Y apuntó a la doble acusación: “No vale hacer dos juicios, lo dice la Constitución. A la gente se la juzga una sola vez”, manifestó.

Y consideró que “la imputación es inverosímil, se basa en la mera imaginación del fiscal. Sostuvo que el hecho de “que la sociedad esté conmovida no habilita a que se condene a cualquiera. Pidió que la Fiscalía le traiga alguna prueba verdadera y no hipótesis o indicios. Además, el abogado desestimó la prueba de la llave: “La testigo dijo que la llave era similar y similar no quiere decir que lo sea”. Remarcó que para dictar una sentencia hacen falta certezas y no probabilidades” y por ello exigió la absolución.

La reacción del imputado
Para el acusado, el fiscal cometió un “horror jurídico”

Juan Manuel Aguirre Taboada tenía 24 años cuando Ana Zerdán apareció muerta en su laboratorio. Diecisiete años después no ha podido despegarse de la causa que en un principio había colocado a su padre, Juan Carlos Aguirre, como el posible asesino o cómplice directo. Ayer, Aguirre padre fue señalado como encubridor.

Juan Manuel siempre pregonó su inocencia y aseguró que lo del fiscal Gómez fue un “horror jurídico” al implicarlo sin, a su entender, pruebas fehacientes. Agregó que es una vergüenza por parte de la Fiscalía pensar que ahora la alevosía se basó en que la bioquímica no le quiso prestar el auto: “Me lo prestaba a cuentagotas”. Denunció, además, que el fiscal sólo lo acusó porque “está presionado”. Y volvió a exigir que se investigue la huella dactilar hallada en la escena del crimen, la prueba “estrella” del primer proceso, desestimada por Gómez por no ser contundente.