Una tropilla de caballos que se cambió de campo provocó un conflicto vecinal
Una denuncia llegó a la Justicia de Paz rionegrina. Los involucrados se acusaron mutuamente de actuar con hostilidad. Les ordenaron mejorar su comportamiento y no agredirse.
Un conflicto por caballos que se cruzan de un campo a otro y provocan daños en cultivos e instalaciones llegó a los estrados de la Justicia de Paz rionegrina.
La causa se inició por una denuncia por “tenencia responsables de animales” que presentó un poblador rural de la zona de Sierra Grande, en la que aseveró que el vecino dejó los equinos atados en su establecimiento y que le tiraron 30 metros de alambrado, además de comerle las plantas.
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En su declaración, el hombre aclaró que intentó hablar con el acusado, pero que “lo increpó y lo amenazó” y hasta “le quiso tirar los perros encima”. Sostuvo que su intención “siempre fue hablar y llevarse bien”, y precisó que el propietario del campo es su hermano y que él solo cría animales y vende huevo.
Resaltó asimismo que solo solicita que cuide a sus animales y que no lo perjudiquen, y admitió que él no tienen problema en que los animales tomen agua de su terreno, “pero que lo pida en buenos términos”.
En el caso, por ser de carácter contravencional, tomó intervención la jueza de Paz local, Carola Suárez, quien convocó al denunciado a una audiencia para que brinde su versión y ejerza su defensa.
Pero contrariamente a lo que aseveró la otra parte, sostuvo que intentó hablar con su vecino, pero que le respondió “con malos tratos” y que el intentó ayudarlo para colocar el alambrado derribado por los caballos.
Agregó que él “no tiene problema quiere llevarse bien y va hacer todo lo posible por tener una buena convivencia”.
Intervención judicial para evitar situaciones de violencia
La magistrada señaló que detectó en los hechos denunciados “prima facie” una conducta encuadrada en el Artículo 49 de la Ley 5592 (Código Contravencional), que sanciona los “actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas”.
Ante este escenario destacó que la normativa establece que el Estado “debe actuar con debida diligencia reforzada frente a cualquier hecho que pueda derivar en situaciones de violencia”.
Por empezar resolvió ordenar con “carácter preventivo” a ambos hombres que “se abstengan de ejercer cualquier acto de violencia o intimidación” entre los que marcó “contactos verbales, telefónicos, digitales o por redes sociales”, ya sea en forma directa o indirecta. Incluyó la difusión de “cualquier comentario, referencia o publicación relativa a los hechos o a la personas”.
Tales medidas tendrán una vigencia de 90 días, las que podrán ser prorrogadas “en caso de persistencia del riesgo o incumplimiento”.
Les aclaró a las partes que de descubrir transgresiones, podrán ser sancionados de acuerdo a lo que determine la normativa, con castigos que van desde la amonestación, instrucción especial, trabajo comunitario, abordaje interdisciplinario, multa o arresto.
La jueza también ordenó notificar a la Comisaría 13º de Sierra Grande para que tome intervención, “controle y registre el cumplimiento de las medidas ordenadas”.
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