La hostiga y amenaza con suicidarse: qué decidió la Justicia de Paz

Una mujer denunció al hombre con quien estuvo en pareja porque la sigue acosando, pese a que la relación quedó concluida. En la presentación que realizó en la Subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas, relató que el ex la somete a una "violencia constante" con maniobras de hostigamiento y "manipulación permanente". Pero además la amenaza con suicidarse y la responsabiliza a ella de tomar esa decisión.

La victima sostuvo que pese a que no están más juntos, no deja de presionarla, comportamiento que "no le permite vivir en armonía", alterándola "permanentemente" y provocando un estado de vulnerabilidad "en razón del género".

La acusación se encuadró en lo que establece la Ley 3040 -de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares-, por lo que fue girada para su tramitación al Juzgado de Paz del poblado cipoleño, a cargo de Laura Pino, quien resolvió la imposición de medidas cautelares por el término de 90 días para ponerle límites al denunciado, identificado como BOA.

comisaria las perlas

Sebastián Fariña Petersen

Entre las pautas, la magistrada le prohibió al hombre a acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima, como también a mantener una distancia prudencial donde se encuentren, ya sea en espacios públicos o privados.

También le ordenó no provocar actos de agresión, molestias u hostigamientos mediante llamadas telefónicas, mensajes de textos o por redes sociales.

La jueza además le advirtió a BOA que en caso de incumplimiento le cabe la pena de arresto, multa económica o trabajo comunitario, de acuerdo a lo que establece la normativa, o cometer el delito de desobediencia judicial.

También le aclaró que constatar que su "clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas", le dará intervención al Ministerio Público Fiscal. La resolución encomienda la intervención de la fuerza pública (policía) para dar cumplimiento a lo ordenado.

Deberán realizar una evaluación psicológica

Por otra parte, la Jueza de Paz dispuso que ambas personas deberán recurrir a un profesional para evaluar si requieren iniciar un tratamiento psicológico. Para ello podrán presentarse en el área de Salud Mental del hospital más cercano a sus domicilios. El cumplimiento de esta pauta la deberán acreditar mediante un certificado que tendrán que elevar al Juzgado de Familia, al que también le dio intervención para que determine la continuidad del trámite. Les informó que en esa instancia deberá contar con el asesoramiento de un abogado y que de carecer de recursos, podrán requerir la asistencia de un defensor oficial.

Pidió que la protegieran de su ex novio

Por otro caso ocurrido en Cinco Saltos, le ordenaron a un hombre la prohibición de acercamiento a ex novia, quien lo denunció por graves hechos de violencia de género. En la presentación realizada en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos, relató que mantuvieron una relación sentimental durante un año y medio, período en el que no compartieron convivencia, y que terminaron haces pocas semanas.

Sin embargo, resaltó que pese a la ruptura él continúa sufriendo “hostigamiento, violencia psicológica y física”.

Sostuvo que el último episodio ocurrió el viernes 19 de este mes, cuando se encontraba junto a un amigo en un sitio no precisado. Precisó que alrededor de las 19:20 se presentó CAM -así lo identifican las constancias judiciales- y “de la nada” se le tiro encima al amigo y “le comenzó a pegar”.

El juez de Paz Enzo Espejo resolvió prohibirle a CAM acercarse a la mujer, tanto en forma personal como a su domicilio o los lugares donde se encuentre, a una distancia no menor a los 500 metros. Tampoco debe proferir agravios, realizar actos molestos, de hostigamiento o efectuar reclamos de cualquier índole y por cualquier medio, como mensajes de texto telefónicos o por redes sociales. Le aclararon al sujeto que las medidas tendrán un plazo de 90 días y que en caso de no acatar lo determinado lo acusarán de desobediencia a una orden judicial y le darán intervención al Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, CAM deberá efectuar “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos para “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Ella también deberá requerir asistencia médica o psicológica.