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Hizo una compra por Internet y recibió una caja con palos y cartón

El damnificado presentó una demanda por menor cuantía en el Juzgado de Paz local y le dieron la razón. Tanto la firma vendedora como la que hizo el envío deben pagarle un resarcimiento.

Un vecino de Cipolletti compró ropa y calzado por Internet, pero cuando abrió la encomienda se encontró con la desagradable sorpresa de que le habían mandado un montón de cartón, palos de madera, una bolsa, plásticos y cartones envueltos en una cinta adhesiva “con logos del correo postal”.

La operación la realizó en noviembre de 2022 con la empresa Dafiti (BFOOT S.R.L) por poco más de 150 mil pesos y el envío lo realizaron por el Correo Argentino ((CORASA),

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El mismo día que retiró el paquete reclamó a la firma vendedora, pero le respondieron que habían verificado las cámaras de seguridad del depósito y que el producto de la compra había sido despachado correctamente. Mientras que la encargada de realizar el transporte alegó que debían dirigir la queja a Dafiti, a quién responsabilizó por la falla.

Demanda por menor cuantía

Ante las respuestas inconducentes, el cliente tramitó un reclamo administrativo ante la OMIC -Oficina Municipal Información al Consumidor-, pero no alcanzaron un acuerdo.

Por esa razón promovió una demanda por menor cuantía en el Juzgado de Paz local, en la que solicitó un resarcimiento de $300 mil: $149,982.70 en concepto de daño directo, más $ 150.017,30 por daño punitivo. Para sostener su denuncia, acompañó fotografías y video del paquete recibido, además de la factura de la adquisición.

Con posterioridad hubo una audiencia de conciliación a la que concurrieron las partes, pero tampoco llegaron a un arreglo, y las acusadas contestaron la demanda.

Inicialmente desde el Correo plantearon la incompetencia de la dependencia judicial local, alegando que correspondía a la Justicia Federal porque la causa se encuadraba en la órbita nacional.

Correo Argentino cerrado

En forma adicional negaron los hechos en los que se fundó el litigio y apuntó que el damnificado no encaminó la queja por los mecanismos que ellos ofrecen. Aseveraron que “no tenían noticia del reclamo y que existen otras vías -como la administrativa- para gestionar este tipo de asuntos”.

“Podría haberse solucionado en una instancia administrativa”, expresaron, obviando que habían transitado una instancia en busca de una conciliación, que no prosperó.

La jueza Gabriela Montofarno pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal para que se expidiera en relación a la incompetencia planteada por el Correo. Pero en su dictamen el organismo expresó que considera que "el objeto de la demanda radica en un incumplimiento contractual común, regulado por el derecho común, y por lo tanto entiende que el Juzgado de Paz debe declarar su competencia".

"El daño existió"

Con los elementos recabados en la causa, la magistrada le dio la razón al comprador al afirman que “ha probado que el daño existió” ya que “no recibió los productos que compró” y condenó a ambas firmas a pagarle $150,017,30 por daño emergente y otros 100 mil por daño punitivo, lo que hace un total de $250.017,30, a lo que se deben sumar los intereses que se computarán desde el día de la erogación, pues “es el perjuicio económico que el actor ha probado que ha padecido”.

Montofarno resaltó que surgió, en base a la prueba reunida, que “ambas empresas conocieron el reclamo inmediatamente después de recibido el paquete por el actor y ninguna de las dos promovió una solución”.

“Esa postura la sostuvieron en instancia administrativa y en la etapa conciliatoria de este proceso judicial”, agregó.

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Además la jueza destacó que la parte compradora encuentra protección en la ley de Defensa del Consumidor, expresa que “ante el incumplimiento del contrato el consumidor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, aceptar otro producto/servicio o bien rescindir el contrato”.

Mientras que las demandadas “están obligadas a cumplir con la norma y deben responder de manera solidaria”.

La posibilidad de anular la compra

La jueza cipoleña destacó en su fallo que en los contratos de consumo -como en este caso- "una de las partes del negocio jurídico es experto en el ámbito del negocio que realiza, y también de la tecnología que utiliza". Mientras que la otra parte, el consumidor, "no lo es pues no tiene los conocimientos técnicos apropiados para realizar una evaluación técnica en relación al negocio, simplemente presta su consentimiento para concretar la operación”.

En este sentido, la magistrada cuestionó la falta de información del contrato comercial de parte de las demandadas. Dijo que debían informar “el contenido mínimo del contrato”, los datos necesarios para poder utilizar el medio elegido y comprender los riesgos y tener claro quién asume los riesgos, esto debe suceder -por supuesto- en todas las etapas del contrato.

Asimismo, agregó, el vendedor debe informar "por escrito y debe hacerse de manera clara y notoria, que el consumidor tiene facultad de revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos contados desde la fecha en que se celebra el contrato o se le entregue el bien".

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Advirtió que en esta demanda "no se acreditó que se hubiere brindado la información correspondiente del contrato ni el derecho a revocar la operación".

Mencionó que la Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 53, sostiene que "los proveedores tienen la obligación de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder y prestar colaboración para el esclarecimiento de la cuestión que se debata".

Sin embargo recalcó que en esta ocasión si bien las empresas negaron su responsabilidad, "no aportaron elementos que permitieran esclarecer el caso, adoptando una conducta contradictoria y evasiva".

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