Dos hermanos imputados por una pelea que terminó con un perro muerto

La Justicia rionegrina imputó a dos hermanos por una serie de hechos ocurridos el 9 de julio del año pasado en el barrio Esperanza de El Bolsón. A uno de ellos se le atribuyó el delito de lesiones leves contra un vecino, mientras que a ambos se los acusó de haber provocado la muerte de un perro de raza pitbull mediante el uso de un cuchillo. El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso medidas cautelares mientras avanza la investigación penal preparatoria.

De acuerdo con la acusación fiscal, el primer episodio se registró alrededor de las 14 horas en el barrio Esperanza. En ese contexto, uno de los imputados habría golpeado a otro hombre, provocándole un hematoma en el tórax izquierdo, sin que se constatara fractura ósea.

Las lesiones fueron certificadas por profesionales médicos y posteriormente encuadradas como leves, en los términos del artículo 89 del Código Penal. La calificación responde a que, si bien existió daño físico comprobado, no se registraron consecuencias de gravedad ni secuelas permanentes.

La Fiscalía incorporó como sustento probatorio los certificados médicos correspondientes y una pericia del Cuerpo Médico Forense que confirmó el carácter leve de las lesiones sufridas por la víctima.

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El ataque al perro y la acusación por maltrato animal

El segundo hecho ocurrió aproximadamente media hora después, cerca de las 14.30, en inmediaciones de un puente ubicado sobre la misma arteria. Según la hipótesis fiscal, ambos hermanos se acercaron a un perro de raza pitbull, color canela y blanco, y utilizando un cuchillo le provocaron heridas cortantes profundas en la zona del cuello y del lomo.

Las lesiones provocadas al animal resultaron mortales. Este episodio fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, específicamente en su artículo 1, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales. En este caso, la Fiscalía les atribuyó a ambos imputados el carácter de coautores.

Entre las pruebas mencionadas por el Ministerio Público se encuentran el acta de procedimiento de la Comisaría 12° de El Bolsón, el acta de inspección ocular y el registro fotográfico elaborado por el Gabinete de Criminalística, además de un informe veterinario que dio cuenta de la mecánica y gravedad de las heridas sufridas por el animal.

También se incorporaron la denuncia penal, un informe de la División Judicial de Investigaciones y testimonios de personas que presenciaron los hechos, elementos que, según la acusación, permiten sostener la participación de los imputados en el ataque.

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La versión de los imputados

Durante la audiencia de formulación de cargos, los hermanos brindaron su versión de lo ocurrido. Manifestaron que conocían tanto al hombre lesionado como a otras personas involucradas, y que existían conflictos previos en el barrio.

Indicaron que ese día se dirigían al basurero y que portaban cuchillos con el fin de abrir bolsas de residuos. Sostuvieron que comenzaron a recibir agresiones con piedras y que, en ese contexto, el perro habría sido soltado para atacarlos. Según su relato, actuaron ante esa situación.

Uno de ellos agregó que el día anterior había sido atacado y que incluso recibió atención médica por ese episodio, lo que, según planteó, enmarcaría lo sucedido en una situación de conflicto previo.

Por su parte, el Defensor Penal Público expresó que, tras las modificaciones introducidas por la Fiscalía en la formulación, no encontraba motivo legal para oponerse. “No encuentro ningún motivo legal para oponerme a la formulación de cargos”, manifestó, y adelantó que trabajará durante la etapa de investigación para acreditar la teoría del caso de sus asistidos.

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Las medidas dispuestas por el juez

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos contra uno de los imputados por el delito de lesiones leves, conforme al artículo 89 del Código Penal, y contra ambos por infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal en carácter de coautores.

Asimismo, dispuso medidas cautelares para resguardar a la víctima del primer hecho. En ese sentido, ordenó la prohibición de acercamiento a menos de cien metros y la prohibición absoluta de contacto por cualquier medio (personal, telefónico, a través de redes sociales o mediante terceros) durante el plazo que dure la investigación.

La etapa preparatoria se extenderá hasta el 11 de junio de 2026. El magistrado advirtió que el incumplimiento de las medidas impuestas podría derivar en la solicitud de disposiciones más gravosas.