Conflicto familiar por una propiedad del abuelo terminó con una denuncia por agresiones

Una familia entró en un fuerte desacuerdo por un inmueble perteneciente al abuelo, que hace poco falleció. Hubo una discusión que derivó en un altercado que escaló hasta la agresiones físicas. Eso lo denunció una mujer que el 18 de este mes acudió a una dependencia policial de Contralmirante Cordero y relató un episodio que ocurrió días antes.

Como lo descripto se encuadró en un caso de violencia familiar, el expediente recayó en el Juzgado de Paz en esa localidad, desde donde se entrevistaron telefónicamente con la denunciante, quien contó que se había presentado junto a su madre en la casa de una tía para tratar “asuntos relacionados con un contrato de alquiler de la propiedad de su abuelo”, quien murió recientemente.

El conflicto, puntualizó, estalló cuando su prima, identificada con la letra K, la acusó a ella y a su madre de haberse "robado todo".

Enojo y reacción violenta

Lo dicho por la parienta molesto mucho a la madre de la denunciante, lo que generó un duro cruce de palabras. Aclaró que intentó calmar los ánimos, pero que la tía “reaccionó de forma violenta” y junto a su hija la agredieron físicamente.

No conformes con actitud, aseguró que luego “se burlaron de los hechos y las acusaron de ser unas interesadas".

Desde ese episodio, sostuvo que el vínculo “quedó mal” y recordó que si bien ya habían existido problemas previos en la familia, “esta es la primera vez que la disputa llega a la agresión física”, por lo que requirió que se establezcan medidas cautelares para frenar la hostilidad.

Al analizar el caso, la jueza de Paz Subrogante, Marta Fuentes, sostuvo que si bien en la narración se describen actos de agresión física y verbal, “no se evidencia la existencia de un vínculo dominante-dominado, ni un patrón sistemático de violencia que se haya prolongado, y que justifique la intervención del Juzgado en los términos de la Ley 3040”.

Por el contrario, aclaró, los hechos “parecen derivar de un conflicto puntual y de índole económica; ya que relata una disputa familiar por cuestiones patrimoniales (y hereditarias), en torno a los bienes y el alquiler de la casa de su abuelo fallecido”.

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La jueza Lapuente resolvió que el policía retirado deberá pagarle una compensación económica a su ex esposa.

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En este aspecto, sostuvo que la norma -que regula la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares- “tiene un carácter proteccional y preventivo” y su objetivo principal es “hacer cesar situaciones de violencia o riesgo en las que exista una relación de poder desigual y asimétrica entre las partes, lo que se conoce como el rol dominante-dominado”.

“Este rol es una condición indispensable para la aplicación de las medidas cautelares, ya que la ley no busca dirimir conflictos civiles, patrimoniales o de otra índole que no estén enraizados en un patrón de sometimiento o control”, precisó.

Bajo esos argumentos desestimó la denuncia elevada, aunque se le informó a la autora que deberá recurrir a “las vías judiciales pertinentes para dirimir conflictos de índole civil o patrimonial”.

De todos modos la jueza resolvió elevar las actuaciones al Juzgado de Familia de Cipolletti para que se tome conocimiento y defina los pasos a seguir.

También le aclaró que en esa instancia deberá requerir el asesoramiento de un abogado particular o en caso de vulnerabilidad o falta de recursos, podrá asistir a las Defensorías de Pobres y Ausentes.