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Compró una moto robada y zafó con $10 mil para el hospital

Fue robada en 2020 y la recuperaron el año pasado. El conductor fue imputado por encubrimiento, pero lo sobreseyeron.

El 18 de julio del año pasado la Policía realizó un control vehicular en la Ruta Nacional 151 y el acceso al barrio Juan Domingo Perón de la localidad de Cinco Saltos e interceptó una moto Motomel C110 DLX que era conducida por un joven. Al verificar los datos del vehículo, detectaron que había sido denunciado como robada el 24 de junio de 2020, por lo que de inmediato procedieron a su secuestro.

En tanto que quien la conducía el rodado, identificado como Paulo Curilef, fue imputado por “encubrimiento”, el delito que se enrostra a quienes adquieren o son sorprendidos con bienes o elementos provenientes de robos.

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En una audiencia que se realizó con posterioridad, la Fiscalía de la ciudad rionegrina informó que habían consensuado con la Defensa aplicar un criterio de oportunidad, un método alternativo de resolución de conflictos previsto en el Código Procesal Penal.

El acuerdo se fundamentó en que la moto había sido recuperada por su propietario y porque además el imputado ofreció el pago de una reparación económica en favor de una institución de bien público.

Desde la Fiscalía se destacó que Curilef abonó la suma de $10.000 en favor del Hospital de Cinco Saltos y al considerar que no se veía comprometido el interés público, solicitó el sobreseimiento del acusado, planteo que fue avalado por la defensa.

Al momento de resolver, la jueza María Agustina Bagniole declaró extinguida la causa penal contra el motociclista atrapado y dispuso su sobreseimiento.

Explicó entre los fundamentos de su decisión que “las partes se han expedido en el mismo sentido, no puedo sino resolver en esa línea ya que el sistema acusatorio que nos rige limita la actuación jurisdiccional a lo estrictamente peticionado por las partes”.

Resolución pacífica del conflicto

En el fallo, la magistrada sostuvo que la Fiscalía, como titular de la acción pública y responsable de fijar la política criminal, “manifestó su voluntad de no avanzar hacia la siguiente etapa en la consideración de que no se trata de un hecho que afecte gravemente el interés público”. A ello le sumó que el vehículo fue recuperado y el imputado cumplió con la reparación económica.

La magistrada puntualizó que, ante el planteo consensuado entre Fiscalía y Defensa para aplicar la resolución pacífica del conflicto desatado mediante el criterio de oportunidad, el procedimiento imperante “limita la actuación de los jueces y juezas a lo estrictamente peticionado por los y las litigantes”.

Aclaró que “sin entrar a analizar mi conformidad o no con el acuerdo, no encuentro fundamento legal para rechazarlo”.

La magistrada agregó en la parte resolutiva del dictamen que correspondía declarar que el proceso no afecta “el buen nombre y honor que pueda gozar el imputado”, tal como lo establece el Código Penal. También lo libró del pago de las costas.

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