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Polémica por inhabilitación absoluta a policías condenados por homicidio

Dos policías que ultimaron a un hombre al que persiguieron en la ruta 3 durante varios kilómetros afrontaron el proceso judicial pero desde la fuerza policial rionegrina no le reconocen la posibilidad de reincorporarse a su trabajo. El defensor de los condenados mostró su enojo.

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El caso de los policías que ultimaron a un hombre al que persiguieron en la ruta 3 durante varios kilómetros sumó un nuevo y polémico capitulo. Desde la fuerza policial rionegrina no le reconocen la posibilidad de reincorporarse a su trabajo como si lo hizo la justicia.

El abogado defensor, Damián Torres, contó a este medio que “desde el punto de vista jurídico esto es inconcebible. Si la justicia aplica una inhabilitación especial únicamente para ejercer como policías de seguridad, no puede el jefe de policía aplicar una inhabilitación absoluta. Eso es ir más allá de la pena y es desautorizar la justicia que, sin dudas, no debe estar contenta con este cambio de criterio” “desde el punto de vista jurídico esto es inconcebible. Si la justicia aplica una inhabilitación especial únicamente para ejercer como policías de seguridad, no puede el jefe de policía aplicar una inhabilitación absoluta. Eso es ir más allá de la pena y es desautorizar la justicia que, sin dudas, no debe estar contenta con este cambio de criterio”

“desde el punto de vista jurídico esto es inconcebible. Si la justicia aplica una inhabilitación especial únicamente para ejercer como policías de seguridad, no puede el jefe de policía aplicar una inhabilitación absoluta. Eso es ir más allá de la pena y es desautorizar la justicia que, sin dudas, no debe estar contenta con este cambio de criterio”

, argumentó el abogado.

Torres manifestó que, con ese criterio, “si un policía va en un patrullero y choca y lesiona a una persona sin querer, la justicia lo va a inhabilitar especialmente para conducir, pero la policía y Seguridad lo van a pasar a disponibilidad, le van a bajar el sueldo en más de un 50% (van a cobrar casi un salario mínimo vital y móvil), no podrán tener otro trabajo y luego los pasarán a retiro”.

“Esto no siempre fue así, es un criterio nuevo y muy peligroso que han adoptado las nuevas autoridades policiales y de la Secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro”, apuntó Torres.

“Lamento que con la Justicia y la familia de la víctima pudimos resolver pacíficamente la causa y llegar a un entendimiento favorable y ahora tengamos que pelear contra la institución que debería proteger al empleado policial. Honestamente esto no lo esperaba”, remarcó Damián Torres.

El caso

El caso de los policías Sayhueque y Cabrera, dela Brigada Rural tomó trascendencia cuando el 17 de agosto del 2020 emprendieron una persecución contra Diego Olivera que finalizó en un campo entre Viedma y San Antonio con el fugitivo ultimado de un balazo en la cabeza.

Wilfredo Cabrera, de 32 años, fue hallado responsable de haber efectuado con su arma reglamentaria el disparo en la cabeza que terminó con la vida de la víctima. Le impusieron 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, más cinco años de inhabilitación especial para ejercer funciones de prevención.

Lo culparon por “homicidio culposo”, que implica no tener intenciones de matar, por actuar “en forma negligente, imprudente e inobservando la normativa vigente”.

Mientras que Laureano Sayhueque recibió dos años de cárcel en suspenso y cuatro de inhabilitación para realizar trabajos de prevención por el delito de “encubrimiento”, pues se autolesionó con un cuchillo para simular un ataque de Olivera, en un intento por beneficiar a su compañero de causa.

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