LMCipolletti 12 de agosto 2010 - 21:00

Pedirán cambios en la ley anti "trata"

Comisión legislativa aprobó elevar un reclamo al Congreso de la Nación.

La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura dio dictamen a la iniciativa impulsada por Beatriz Manso (Redes) de solicitar al Congreso la modificación de la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Entre otras cosas, Manso plantea que el tipo penal propuesto exige que se pruebe (para los casos de mujeres mayores de edad) que la trata se realizó mediante amenaza, engaño, uso de la fuerza, coacción, fraude o por concesión o recepción de pagos o beneficios a terceros. “Ello resulta con frecuencia difícil de probar en la práctica, y hace que el proceso se apoye fundamentalmente sobre el testimonio de las víctimas lo que dificulta más aún su ya frágil situación de inseguridad, invirtiéndose así la causa de la prueba”, explicó.
“Si a ello le sumamos la ausencia de toda referencia a programas de reinserción y medidas de seguimiento posteriores al retorno, veremos un escenario en el cual será difícil lograr que las víctimas declaren en procesos contra los tratantes, por lo que es posible que el número de condenas no aumente sustancialmente ante un delito que exige enfrentarlo desde una perspectiva de derechos humanos de las personas, teniendo en cuenta la dignidad humana, la defensa de la vida la libertad”, observó.
“La legisladora de Redes sostiene que “cualquier definición de trata debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento cualquiera sea su edad. Proxenetas y explotadores son delincuentes por sus acciones y no por hechos o condiciones de la víctima; si además el tratante actuó mediante engaño, abuso, violencia, etcétera o si las víctimas son menores estas condiciones deben ser agravantes del delito y no constitutivas de la figura penal”.
La iniciativa avalada en la comisión propone que la ley nacional considere el delito de trata de personas sin hacer distinción en la mayoría de edad. “La edad y los medios deben ser agravantes y no constitutivos de la figura penal”, plantea la autora en el articulado.
Asimismo busca que se implementen programas para la recuperación física, psicológica y social de las víctimas mediante el suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento e información en particular con respecto a sus derechos jurídicos, asistencia médica, psicológica y material, oportunidades de empleo, educación y capacitación, e indemnización por los daños sufridos.