Otorgan 10 días para desocupar una toma antes del desalojo

La Justicia otorgó un plazo 10 días a las familias que ocupan un predio en la zona de La Alameda para que se retiren. Si no cumplen, adelantaron que van a desalojar por la fuerza. Los vecinos exigen tierra y viviendas, y aseguraron que van a resistir.

Este jueves cerca de las cinco de la madrugada un grupo de vecinos del sentamiento bloquearon los portones de ingreso a la secretaría de Servicios Públicos en el Parque Industrial. Exigieron la presencia del intendente y de los fiscales para evitar el desalojo. Tras cinco horas de protesta, lograron programar dos reuniones: esta tarde se podrán encontrar con los fiscales que llevan adelante la causa, y la próxima semana serán recibidos por la titular de Desarrollo Humano.

“Ayer tras la audiencia nos dijeron que tenemos 10 días hábiles para abandonar el predio, si no van a desalojarnos por la fuerza. Nosotros pedimos un lugar donde poder vivir, donde tener una casa, y poder pagarla. Somos 43 familias, mujeres y chicos, y sin esto nos quedamos en la calle”, explicó Juana en diálogo con LM Cipolletti. La joven de 31 años se instaló en el asentamiento La Alameda 2 en septiembre pasado junto con sus cuatro hijos.

“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados sin una solución, vamos a resistir el desalojo. Tenemos dos opciones: o nos quedamos donde estamos o nos reubican en otro sector con la posibilidad de acceder a una vivienda que pagaremos en cuotas. Si no tenemos respuestas, el lunes nos vamos a la Municipalidad”, contó la mujer.

bloqueo de servicios públicos La Alameda

Anahí Cárdena

Dijo que la decisión de bloquear Servicios Públicos se tomó ante el miedo por el inminente desalojo, y que el objetivo era visibilizar su reclamo de alguna manera.

“Si no íbamos a cortar Servicios Públicos, nadie nos atendía”, explicó.

Tras la audiencia que se realizó en el jueves la Justicia otorgó un plazo de 10 días para que abandonen el lugar antes de avanzar con la orden de desalojo. Además, indicaron que el plazo es tentativo y que puede varias según las condiciones y las negociaciones que se puedan llevar a cabo en los próximos días.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti pidieron que se confirme la decisión de desalojar el predio privado en la zona del parque industrial, y el Juez de Juicio que intervino en la audiencia de revisión ratificó la medida cautelar. La defensa había solicitado que se suspenda el dictado de la cautelar.

La fiscalía sostuvo que la magistrada había resuelto conforme a derecho y que además de los derechos constitucionales de orden social también debían garantizarse los de primera generación, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad y al ejercicio de una industria lícita.

Por otro lado, entendió que estaba el peligro estaba en la demora porque desde el dictado del desalojo a la fecha la ocupación había tenido muestras de consolidación.

En su dictamen y al igual que la defensora de niños, niñas y adolescentes, la defensa solicitó un plazo prudencial para llevar a cabo una conciliación y buscar una salida alternativa al conflicto, evitando una medida violenta como el desalojo.

El juez en la audiencia explicó que si bien no desconocía el derecho al acceso a una vivienda, los derechos de las personas terminan donde empiezan los de las demás personas y que no podía reclamarse un derecho violentando los de terceras personas ajenas al conflicto. En consecuencia, el magistrado confirmó la orden de desalojo en los términos que fuera dispuesta. La misma incluía un plazo mínimo de diez días hábiles desde que la resolución quedara firme para que el desalojo tenga lugar.

Protesta en Servicios Públicos La Alameda

Anahí Cárdena

El intendente Claudio Di Tella cuestionó la metodología empleada para protestar. “Su gran mayoría reclama acceso a la vivienda. Creo que no están informados de todo lo que el municipio está haciendo pese a la pandemia, como la ordenanza que estamos sancionando para poder ingresar a un registro y poder anotarse para acceder a un lote. Tengo entendido que es gente que estaba en una usurpación y pretende una solución inmediata”, expresó Di Tella.

Dijo que el Estado está trabajando en la problemática habitacional para acceder a la tierra con las normas que corresponden, creando un registro.

“En el registro se podrán inscribir quienes cumplan con todos los requisitos, entre ellos no tener causas penales por usurpación, tener domicilio en la ciudad y 5 años de residencia, entre otros, y vamos por ese camino. No es justo que tengamos que sentarnos a hablar con gente que quiera presionar”, relató el intendente.