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Megabanda: agotaron recursos y se aferran a un guiño de la Corte

Los condenados no obtuvieron ninguna respuesta positiva en tribunales provinciales al pedido de beneficios.

Luego del intento de José “Chiqui” Forno de conseguir la prisión domiciliaria, la denominada megabanda de boqueteros desistió de otros recursos en el ámbito local y se limita a esperar lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tanto el Tribunal de Impugnación provincial como el Superior Tribunal de Justicia rionegrino (STJ) se manifestaron en sintonía con los magistrados cipoleños.

El cipoleño Forno fue uno de los últimos condenados por una serie de robos y asaltos que buscó conseguir un beneficio aunque sin mucha suerte. En concreto, solicitó una modificación de la medida cautelar y cumplir su pena de 33 años en su casa. El principal argumento que sostuvo la defensa particular fue una “razón humanitaria”. Por su parte, los acusadores representados por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante mostraron su total oposición a cualquier cambio y reafirmaron que el ex trabajador del Poder Judicial en la Cuarta Circunscripción debía permanecer en la cárcel.

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Un tribunal local analizó las presentaciones de las partes y volvió a pronunciarse en contra de los intereses de Forno.

Respecto del resto de los condenados, los intentos por lograr su excarcelación se sucedieron el año pasado luego del inicio de la cuarentena. Y entre las razones de peso, mencionaron la pandemia del coronavirus y el presunto peligro de contagio en los penales provinciales. Sin embargo, ninguno pudo citar algún problema de salud grave como para que los jueces resolvieran sus pedidos a favor.

Uno de los que elevó una solicitud de prisión domiciliaria fue Pablo “Penche” Muñoz, quien cumple un castigo de 20 años de cárcel efectiva. Más allá de que primero obtuvo un pronunciamiento a su favor, los acusadores se movilizaron de inmediato y elevaron una protesta ante una instancia superior para evitar que se vaya a su casa. Una vez más, la fiscalía y la querella impusieron su criterio y se dio marcha atrás con lo resuelto luego de un contundente fallo el Tribunal de Impugnación rionegrino.

La megabanda empezó a ser investigada por hechos delictivos ocurridos a partir de 2015 y tras un intenso trabajo de la Brigada de Investigaciones, junto a integrantes de la Fiscalía, fue juzgada en 2019. La mayoría de los integrantes recibió duras condenas por arriba de los 20 y 30 años.

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