Los involucrados en la estafa Ipross-Feclir, a juicio

La gran estafa de la salud llegará a juicio, tras más de una década de idas y vueltas en los tribunales de Roca y los pasillos del Superior Tribunal de Justicia. La Cámara Criminal Primera de esa ciudad recibió el expediente y deberá fijar la fecha para el proceso contra la ex titular del Ipross Adriana Gutiérrez y los médicos Roberto Bernardini y Héctor Tasat, quienes estaban al frente de la Federación de Clínicas. “La denuncia soportó todo, porque fueron muchos años de trabas y maniobras de abogados”, destacó el cipoleño Agustín Argibay, quien sacó a la luz el pago de sobreprecios en la compra de medicamentos oncológicos y prótesis.
La denuncia fue radicada en 2003 y daba cuenta de una maniobra fraudulenta para apropiarse de dinero público. El Ipross contrataba a Feclir para hacer las compras y la Federación pactaba con dos empresas truchas (Droguería Eleón y Federación Atlantis) con las cuales se acordaban precios diferentes a los informados por la obra social. La diferencia de plata habría sido repartida entre los funcionarios, según la acusación.
La hipótesis fue confirmada por las pericias contables ordenadas por la Justicia, que determinaron que hubo sobreprecios en las transacciones con Eleón y Atlantis y que la diferencia entre el costo real y lo facturado era abonado por el Ipross, es decir, con recursos del Estado y de los empleados públicos rionegrinos, quienes son mayoría entre los afiliados a la obra social.
“La verdad es que no siento satisfacción por el anuncio del juicio, porque es muy triste que pasen estas cosas, que se hagan estas maniobras para quedarse con la plata del Estado. Sí, es bueno el juicio porque la condena es importante para que no pase más. Es muy fuerte la condena social, también”, manifestó Argibay sobre el avance de la causa.
El cipoleño había detectado una diferencia de $250.000 entre los gastos de Ipross y los costos reales, aunque la investigación judicial constató que la maniobra era aún más redituable.
Los acusados habían sido procesados en 2012 por “fraude en perjuicio de la Administración Pública”. Tasat, por su parte, enfrentará además cargos por negociaciones “incompatibles con la función pública”, ya que cuando se firmó el convenio de tercerización de compras era directivo de Feclir y funcionario de la obra social provincial, cargos que no pueden ejercerse en simultáneo.