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La reforma judicial como política de Estado

Por Liliana Piccinini – Procuradora General

Cipolletti.- Se hace imperioso impulsar, como política de Estado, una reforma judicial tangible, creíble y asequible. La necesidad surge por dos motivos que la explican por sí mismos: hay que modernizar el poder judicial y -a la vez- hay que recobrar su respetabilidad.

La modernización del Poder Judicial importará revisar los procedimientos, sincerar los resultados, aprovechar convenientemente aquello que ha servido para brindar una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos rionegrinos y desechar lo que no sirve. Esto es, lo que complica y provoca que el justiciable no encuentre satisfacción a sus demandas. Lo cual, es de por sí desalentador y también conlleva gastos, recursos desperdiciados, operadores del sistema que no alcanzan a comprender la utilidad de lo que diariamente hacen, desmotivación y falta de compromiso. La modernización y los cambios de paradigma no se logran con anuncios vacíos, cartelería y nuevos nombres para las mismas cosas.

La descentralización del servicio de justicia, que es un aspecto de la modernización, no se agota -en la única idea- de crear Juzgados de manera indiscriminada o “a la carta”. En cuanto a la respetabilidad deberá ponerse el acento en un Poder Judicial que brinde real acceso a Justicia, con Jueces y Funcionarios probos, que impartan diariamente a cada uno lo suyo, en términos de equidad. Jueces que tengan la voluntad, la vocación, el conocimiento y la convicción de que prestan un servicio público. Surgidos de una selección en la que realmente se ponderen esas condiciones; para lo que habrá de mejorarse el sistema de selección y también el procedimiento de enjuiciamiento; todo lo cual generará respetabilidad y credibilidad, a los ojos del observador común. El mérito de la Reforma tiene su génesis en la obligación del Estado de atender al Afianzamiento de la Justicia en términos del cumplimiento de las obligaciones asumidas en Pactos y Tratados internacionales que conforman el derecho interno y poseen jerarquía constitucional.

Río Negro debe transitar el camino de fortalecimiento del Estado de Derecho, contemplando todo aquello que la ciudadanía demande, dando satisfacción a sus expectativas, y respetando las exigencias legales. La conveniencia se compadece o es directamente proporcional con la crisis del sistema. Suele identificarse dicha crisis con juzgados sobrecargados, lentitud en la resolución, falta de transparencia en las decisiones, rigorismos formales excesivos y también corrupción. Así lo han detectado las encuestas realizadas para medir la opinión de la ciudadanía con respecto al sistema de justicia y cuyos resultados han sido alarmantes. La reforma no se consolida únicamente en el cambio de la ley o las leyes que la contienen. Una reforma, en términos de cambios de paradigma, requiere concientización y convicción en los operadores del sistema, capacitación, estructura suficiente y adecuada, lo que conlleva mayor atención en la distribución de los recursos presupuestarios. No por remanido, es menos ajustado a la realidad, que la modificación del Código Penal es gratis, pero la modificación de un Código de Procedimientos Penal cuesta dinero.

La Sociedad, los contribuyentes, deben saber que los recursos materiales serán necesarios, que la eficiencia y la eficacia de un sistema no se logra únicamente con el deseo o la actitud voluntarista. Luego, es su derecho saber si esos recursos se aplicaron correctamente, para lo cual deberá rendirse cuentas de las gestiones, mostrando resultados. La Reforma judicial, en lo que atañe al sistema de enjuiciamiento penal, es solo uno de los aspectos a modificar, siendo comprensiva de la política de persecución criminal. Pero además deberá transitarse junto a otras reformas, para obtener una Política Criminal acorde al estado de derecho.

El sistema de seguridad ciudadana, la policía de seguridad, el sistema penitenciario , la insoslayable creación de una policía judicial bajo la órbita del Ministerio Público y el fortalecimiento de esta organización con la implementación de todo aquello que prescribe su ley orgánica; son trascendentes pasos a cumplir de manera paralela y simultánea, para evidenciar voluntad política de hacer aquello que resulta ser necesario, posible y conveniente, en el marco de una seria y real política de Estado.

Dra. Liliana L. Piccinini

Procuradora General

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