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La Procuradora pidió la confirmación del fallo por aborto

Piccinini solicitó que el STJ se expida sobre el expediente.

La procuradora expresó que la apelación formulada ya no tendrá efecto en virtud de que el aborto se practicó.

La procuradora general de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini, resolvió propiciar la confirmación de lo resuelto por la Cámara en lo Criminal de Viedma, que autorizó a la familia de una menor abusada para que le realizaran a la joven un aborto en el hospital público de Viedma.
La funcionaria además  pidió al Superior Tribunal de Justicia de río Negro (STJ) un pronunciamiento sobre este tema, explicando cuál fue el trabajo realizado por la defensora que tuvo el rol de defender a la persona por nacer y recomendó una «inmediata implementación de un comité bioético para que estos casos no lleguen a judicializarse».    
Piccinini  explicó  que la apelación de la defensora de la persona por nacer, «a mi juicio no tiene chances de prosperar, propiciando esta Procuración la confirmación del fallo en crisis».                   
La procuradora general consideró que dada «la delicada situación en tratamiento, aún cuando el resultado no pueda ser revertido mediante un decisorio posterior (porque el aborto ya se realizó), merece -a mi entender- el pronunciamiento de ese alto Tribunal (STJ); justamente porque no carecería de interés y finalidad práctica».
Reiteró que el objeto de la acción de amparo estaba dirigido a obtener la orden para que el hospital Artémides Zatti, para que  arbitre los medios para producir la interrupción del embarazo de la menor ya que la inicial negación de los médicos estaba fundada en la inexistencia del Comité de Bioética en el sistema de Salud Pública.

Confirmación de sentencia
Por eso además de solicitar la confirmación de la sentencia recurrida, la funcionaria estimó procedente que en la decisión del STJ se subraye la necesidad de contar, en lo inmediato, con la estructura necesaria para dar cobertura al tratamiento de estas especiales situaciones, poniendo a resguardo la salud de la población y viabilizando correctamente la actividad médica de acuerdo a las normas de bioética, de modo tal que no sea necesario acudir a la Jurisdicción, pues no habrá negativa y tampoco temor de criminalización, en tanto el curso de las cosas se provea y realice conforme lo marca la ley.  
Opinó que «en rigor de verdad debiera dejarse aclarado que, ante una práctica médica de esta naturaleza, con la debida intervención del Comité de Bioética, señalando el grave riesgo para la salud de la niña encinta, con más la autorización y consentimiento de sus progenitores, en ejercicio pleno de su patria potestad, no existiría en la Sociedad reclamo alguno de punición, pues, la ciencia y el arte médico es la que está señalando que no existen otros medios para evitar el peligro para la salud del paciente. Y es a la luz de la lex artis como debe resolverse la cuestión».
Describió que en concreto es menester señalar que, en la presente acción de amparo se ingresó a resolver un conflicto de derechos de máxima jerarquía constitucional, precisamente, por no haber transitado la cuestión por los cauces que el derecho penal indica.
 «Esta protección de la vida humana resulta totalmente legítima y constitucional y en casi todos los ordenamientos se establece una diferencia entre la vida de la persona nacida y de la persona por nacer, resguardándome con mucha más intensidad a la primera», sostuvo.

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