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La agricultura familiar a un paso de convertirse en ley

La norma establece un régimen de protección y fomento de los sistemas socio productivos, mediante políticas públicas de acceso a la tierra.

La legisladora del Frente para la Victoria, Silvia Horne, y el Secretario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fabio Ababile, informaron sobre la importancia de la ley que establece un régimen de protección y fomento de los sistemas socio-productivos de la Agricultura Familiar, mediante políticas públicas de acceso a la tierra, al agua y demás bienes esenciales para la producción, el trabajo y la comercialización. Además, reconocen en el sector un factor imprescindible para el logro de la Soberanía Alimentaria en la Provincia de Río Negro, por ello será tratada mañana en el recinto de la legislatura provincial.

Se destaca la importancia y la gran participación de las agrupaciones de la agricultura familiar, en la confección del texto y del acuerdo. Al respecto, la legisladora Horne manifestó que "han participado más de 100 organizaciones de toda la provincia y se ha elaborado una serie de ante proyectos y borradores".

"Uno de los planteos que proviene de los productores es llegar a fin de año con una ley y con presupuesto. Vamos a aclarar que esos aspectos se están cerrando, solo hay que encontrar mecanismos para poder dar los fondos que ya tienen todos los programas nacionales vinculados a la agricultura; a su vez, esto es un modo de obtener un mecanismo de recaudación para la provincia”, explicó la parlamentaria.

También se hizo referencia a los programas como el denominado "A precio Justo", que establece la posibilidad que tienen los productores de llevar de una región a otra sus alimentos y venderlos a sectores sociales que antes no los consumían. De este modo, aparecen políticas macroeconómicas que lo permiten y un rol imprescindible del estado.

Los funcionarios dijeron que "el asociativismo, la necesidad de alimentos saludables, el mercado interno, el consumo regional, la generación de trabajo, comienzan a verse como un sector social y entienden que el estado debe acompañar estas políticas y promoverlas, permitiéndoles ser sujetos del crédito".

Por su parte, el Secretario del Ministerio de Agricultura informó que "según experiencias, los productores han incrementado sus ventan un 30% con este tipo de programas, dado que el contacto directo entre productor  y consumidor transparenta las cadenas de comercialización”. Además, señaló: “Las estructuras familiares nos garantizan que los medios de producción para producir alimentos no queden en pocas manos. A nivel económico nos permite pensar que mejora la calidad de vida de los agricultores".

Ha quedado planteada, dentro de la ley, una preferencia por parte del estado a este sector. En ella se establece que este sector tendrá prioridad en un 20%, aproximadamente, de ventaja, frente a la demanda del estado, quedando ese porcentaje para los agricultores familiares.  Ante esta situación, Horne planteó diversos inconvenientes como fundamentales: "El problema que tenemos con la agricultura familiar es el acceso a los bienes de producción, tierra, trabajo y capital. Con lo de la tierra se propuso volver a tener políticas de colonización por parte del estado, como las que se tuvieron en la época de la sistematización del área".

En referencia al problema del agua, sostuvo que "el costo para los pequeños productores en muchos casos significa endeudamiento o la posibilidad concreta de su desarrollo; con la ley se garantiza el acceso al agua, y se pone a la provincia en vanguardia de un desafío: que los consorcios de riego tengan la obligación de garantizar dicho recurso".

Por otro lado, con esta ley se le dará a los agricultores familiares una identificación, una institucionalización de su condición de agricultor familiar, un reconocimiento como tal y una localización territorial en función de ser consultados para tomar decisiones. Es decir, pasan a ser ciudadanos de la agricultura familiar, esa es la idea del registro.


"Lo que hacía Perón cuando no había tierras aptas suficientes, las compraba por parte del estado; hacía compras de grandes extensiones de tierras, y las dividía en los pedazos de tierras más pequeños posibles, porque esa era la manera de desarrollar políticas productivas, a través de familias insertas en el territorio”, reflexionó la legisladora y agregó a modo de conclusión: “Ojalá se vuelva a tener esa visión del estado en función de los derechos, pues la democracia es la distribución de los recursos y la tierra y el agua se democratizan de esta manera".