LMCipolletti 29 de mayo 2010 - 21:00

Juicio político por la verdad y la memoria

El Consejo de la Magistratura decidió echar luz sobre la labor del juez Iribarren y del ex fiscal Meynet en la investigación del Triple Crimen de 1997.

Por OSCAR CARES LEIVA

Ha pasado tanto tiempo del primer Triple Crimen, en 1997, que quizá haya demasiada gente que ha olvidado lo terrible, lo conmovedor, lo inesperado del doloroso hecho. Y quizá pocos se acuerden, o tengan presente en su conciencia, que por el hecho solamente hay una única persona condenada, cuando nadie piensa seriamente que pudo ser la única comprometida con el múltiple asesinato.
Claudio Kielmasz se llama el condenado y el juez que llevó la causa se llama Pablo Iribarren y el fiscal que impulsó la investigación, Álvaro Meynet. El prolongado trabajo de los últimos sólo alcanzó para poner entre las rejas a aquél, quien, vale aclarar, prácticamente se entregó cuando quiso aparecer como testigo y entregar el arma que fue -así se considera- la utilizada en la masacre.
Nadie más pagó por los asesinatos de noviembre de 1997. María Emilia y Paula Micaela González, junto con Verónica Villar, fueron las víctimas. Mucho llanto, mucha zozobra, mucha bronca provocaron los hechos, que se siguen considerando como casi impunes, como poco dilucidados, pese a la prisión de Kielmasz.
A casi 13 años de los acontecimientos, después de un sumario iniciado hace dos años, el Consejo de la Magistratura de Roca resolvió impulsar el juicio político contra Iribarren y Meynet, cabezas visibles de las pesquisas y de la acumulación de pruebas que hay en la causa.
La denuncia contra los magistrados fue presentada por los Familiares del Dolor, entidad a la que pertenecen los padres de las víctimas. Los planteos de caducidad formulados por la defensa de Iribarren y tenidos en cuenta por el sumariante Carlos Vila, finalmente no prosperaron. Los cuestionados tendrán ahora que someterse a una instancia clave que puede sentenciar, o no, el destino de sus carreras judiciales.
Y ello porque ambos siguen trabajando en el Poder Judicial. Iribarren, es todavía juez en General Roca, en tanto que Meynet cumple funciones como camarista penal en Cipolletti.
El listado de aspectos reprochables de la investigación resulta extenso, con cuestiones que pueden ser consideradas hasta como sorprendentes. Quizá el olvido, que trabaja las mentes de todo el mundo, puede haber sepultado en la acumulación de los años todo o mucho de lo que ocurrió durante las pesquisas. Pero, al final, han vuelto a cobrar actualidad, por el esfuerzo de los padres de las jóvenes asesinadas y por obra del Consejo de la Magistratura, que decidió esclarecer las dudas, incertezas y errores cometidos para determinar si en realidad hubo mal desempeño de los magistrados.
Llegó el momento de echar luz sobre los puntos débiles del expediente. Llegó la hora de saber si fue posible estar más cerca de la verdad. La memoria de María Emilia, Paula y Verónica necesitaban de un esfuerzo más de todos.