En el café
Los conmocionantes hechos ocurridos ayer en las 1.200 Viviendas, donde fueron agredidos y resultaron amenazados de muerte los hijos de la concejal Adriana Uría, quien reside en el lugar, no han hecho más que volver a encender la alarma por los crónicos problemas de inseguridad que existen en ese sector poblacional cipoleño. Miguel Uribe, esposo de la edil y padre de los jóvenes amenazados, alertó ayer sobre la posibilidad de que, a este ritmo, ocurra una desgracia con consecuencias impredecibles y que seguramente habrá que lamentar. La trifulca que protagonizaron algunos exaltados que tendrían una amplia foja delictiva en su haber y que, tras agredir a los hijos de la concejal, se enfrentaron con la Policía, no hace más que reflejar una situación que no ha tenido la respuesta necesaria. Para muchos, y pese al accionar de la Policía, muy valorado por Uribe y Uría, en la actualidad las 1.200 Viviendas se han convertido en una tierra de nadie, donde prosperan las barras y patotas, muchas de ellas con componentes delictivos. "Esto puede terminar mal", enfatizó Uribe, quien valoró que muchos vecinos se hayan animado a acompañar con su testimonio la denunica penal que hizo ayer ante la Justicia. Pero él y su esposa dejaron en claro que, hasta el momento, no han resultado visibles los esfuerzos de instituciones como el Consejo de Seguridad y de la propia comuna. Para ellos, lo que se torna más necesario en la actualidad es que se incremente la presencia de la Policía en la calle, pese a que resaltaron varias veces la labor que viene desplegando la subcomisaria del lugar. (Más información en la página 5 de esta edición).
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