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Crisis en Garbarino: enviaron 1800 telegramas de despido

Según la información publicada por Infobae, la compañía sólo planea mantener a la cantidad de empleados necesarios para poder hacer operar menos de media docena de locales comerciales en todo el país.

La cadena de electrodomésticos Garbarino envió este viernes 1800 telegramas de despido a sus empleados en el marco de un plan de cierre definitivo de sus 105 locales de todo el país, según informaron medios nacionales. Ante esto, la Federación de Empleados de Comercio envió al Gobierno un pedido formal para evitar los despidos, por lo cual el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en las últimas horas de ese mismo día.

La resolución oficial obliga a ambas partes a poner la situación en suspenso. Durante las próximas dos semanas, el gremio deberá abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza u otra acción directa. A la vez, Garbarino deberá dejar sin efecto las desvinculaciones durante ese plazo.

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Según la información suministrada por los empleados de la cadena, la situación que están sufriendo es “dramática”. En este sentido, se sabe que la empresa pasó hace más de un año a manos del empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y ex funcionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, quien se quedó con la empresa de la tradicional familia que le dio nombre a la compañía.

Rosales nunca pudo remontar el negocio para empeorar la situación, llegó la pandemia, y con ella, la crisis económica mundial.

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De esta forma es que todos los locales de empresa están cerrados y desde hace ocho meses los cerca de 3.800 empleados de la empresa no están cobrando sus salarios. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.

Luego de meses de negociaciones, en abril pasado se cayó la venta del único interesado firme en comprarle la compañía a Rosales, quien a menos de un año de adquirirla buscó desprenderse de ella. El interesado era Facundo Prado, presidente de la operadora de televisión por cable e internet Supercanal Arlink y CEO de la empresa Centrocard.

“Hoy hubo una lluvia de telegramas para todos lados, desde la mañana no paran de llegar. Es ilegal lo que están haciendo. Ayer estuvimos con el ministro Matías Kulfas y esto ya pasó con los compañeros de Compumundo. El Gobierno concuerda que esto es ilegal y ya pedimos la conciliación y la intervención de Trabajo. La situación está muy complicada con Rosales, el dueño de la empresa, que la quiere reflotar con argumentos irrisorios. Él nunca habló con los trabajadores, dijo que iba a mantener todo y no tuvimos más certezas. La compró y luego nos enteramos de que quiere que sea una especie de Mercado Libre”, aseguró Érica Salazar, delegada de Empleados de Comercio Zona Oeste (Seoca) y de la sucursal de la cadena en el shopping Plaza Oeste, informó Infobae.

Según la delegada, además de cerrar todas las sucursales, la empresa no paga alquileres, salarios, servicios, ni los despidos. “No sabemos si nos van a echar a todos o no habiendo un DNU que los prohíbe. A mí no me llegó nada, pero sí a muchísimos compañeros. No sabemos nada, ni lo que ellos quieren hacer. No hay certeza de nada. Nos deben ocho meses de sueldos, además”, expresó Salazar.

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En medio del caos, la empresa reconoció los despidos, le echó la culpa de su crisis a la pandemia y al Gobierno, que aseguran no los apoyó. “La idea es quedarnos con la continuidad de personas que permitan que el negocio funcione. No nos queda otra alternativa que hacer lo que estamos haciendo”, expresaron fuentes de la compañía a ese mismo medio, al mismo tiempo que confirmaron el número de telegramas enviados en la jornada de este viernes. Además, aseguraron que no tiene definido aún cuál será ese número final de empleados que mantendrían.

“Queremos mantener el retail, pero no con las dimensiones que tenía, es inviable”, destacaron. El número de locales que mantendrían es entre 10 y 15 en todo el país. “Lo que pasa no es una situación agradable, pero le pedimos ayuda al Gobierno, a todos, y nunca nos asistieron, más allá del Repro. No les interesó Garbarino. A Kulfas, por ejemplo. No nos dieron el proceso preventivo de crisis y tuvimos posibles inversores que se retiraron mágicamente”, informaron desde el entorno de Rosales, dando a entender algún tipo de ensañamiento contra la empresa.

Conciliación obligatoria

Luego del pedido de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) llegó la conciliación de Trabajo, de la mano de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

La funcionaria laboral impuso la Ley 14.786 a la Faecys y sus gremios adheridos y a esa sociedad anónima durante 15 días hábiles a partir de este viernes, e intimó a la entidad sindical a dejar sin efecto las medidas de acción directa aplicadas o a implementar.

Marcello también intimó a los directivos de Garbarino a retrotraer la situación de conflicto existente a partir de "los despidos denunciados" por el sindicato, y le ordenó otorgar tareas "normales y habituales" a la totalidad del personal de la compañía.

También la funcionaria intimó a la patronal a abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo con el personal mercantil "en relación con el diferendo planteado".

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Marcello ordenó a los empresarios que extremen todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y que garanticen el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas de salubridad, por lo que la firma deberá cumplir "las normativas, protocolos y/o cualquier otro instrumento" oficial.

La funcionaria exhortó a sindicalistas y empresarios a mantener "la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias a fin de contribuir de esa manera a la paz social y al mejoramiento del contexto de las relaciones laborales", según señaló el acta de esa cartera de Estado.

Marcello convocó a la Faecys y a Garbarino a una nueva audiencia de conciliación en procura de superar el conflicto para las 17 del próximo miércoles 17.

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