“Blanco sobre negro”
Comunicado
En mi condición de funcionaria del Poder Judicial de la Provincia, investida de las altas responsabilidades que la Constitución me impone, entre ellas, nada menos que representar los intereses de la Sociedad; ante la irresponsable difusión mediática de los engorrosos y erráticos avatares procesales de una investigación penal, dirigida a establecer responsabilidades en el manejo de los dineros públicos; me encuentro en la obligación institucional de hacer pública una presentación que permita visualizar colocando lo blanco sobre lo negro, respecto de la información difundida.
Ello, -de modo prudente y cuidadoso- toda vez que la investigación penal aludida se encuentra en curso, bajo la dirección de un Magistrado, debiendo respetarse el principio de publicidad restringida y solo admitida para las partes.
Bajo esa restricción, y en vista de que la misma no se cumplimenta en todos los casos, y se otorga publicidad a determinaciones judiciales, con el denodado intento de asociar aquella investigación penal con supuestas acciones de esta Funcionaria y sus más allegados familiares; corresponde - por encontrarme institucionalmente obligada a informar a la Sociedad y además porque me asiste el derecho de expresión y réplica (art.27 de la Const. Pcial. arts.2 y 12 ley 2384), hacer saber:
- Que la investigación penal encaminada a establecer la comisión del delito de defraudación a la Administración Pública por parte de Funcionarios públicos en el manejo y rendición de dineros provenientes del erario público y destinados a los Planes de empleo Rionegrino (PER), tuvo su origen en actuaciones promovidas ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por denuncia que efectuara la otrora SubSecretaria de Trabajo, actual Defensora del Pueblo, Dra.Ana Piccinini.
- Que uno de los funcionarios que fuera, indagado, procesado y desprocesado, con nueva indagatoria en ciernes, al momento de ser convocado por primera vez a ejercer su derecho de defensa se abstuvo, para luego y ya con citación al juicio oral y público, presentarse espontáneamente a declarar. En tal ocasión fue oído y sus manifestaciones, atendiendo a que no está obligado a decir la verdad, debieron ser verificadas por el Juez.
- El mismo imputado trasladó sus argumentos de defensa (sin estar obligado a la verdad en tanto se defiende) a una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, la que fue receptada y dio inicio a una investigación preliminar.
- Las investigaciones preliminares del Ministerio Público tienen como presupuesto básico establecer la verosimilitud de lo denunciado, objetivar las circunstancias, para luego decidir si promueve la acción penal, porque se está ante un hecho ilícito o -por el contrario- archivar las actuaciones.
- En el caso, el Ministerio Público al realizar la investigación preliminar, suplió el deber del Magistrado de evacuar las citas del imputado.
- El imputado, presunto responsable del manejo irregular de dinero público, afirma en su defensa/denuncia, que en la Subsecretaría de Trabajo se habría realizado una quema de expedientes y sostiene que dicha acción fue realizada por el Sr. Jorge Amaro.
- El imputado también afirma que esta Funcionaria habría parlamentado con la Delegada de Trabajo y que le habría entregado un escrito para su defensa, sin precisar otros datos, como por ejemplo respecto de qué debía defenderse la destinataria del presunto escrito y que relación tenía tal circunstancia con la imputación que a él se le dirige.
- La fiscalía recibió declaración de la presunta destinataria, quien aclaró que se vio involucrada disciplinariamente por maniobras de un empleado de apellido Linares y agregó un escrito sin firma. También recibió declaraciones testimoniales respecto de la existencia de un archivo y la incineración de expedientes, con resultado negativo.
- Que la tarea llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, lo ha sido con total y absoluta independencia y objetividad. Tanto ello así, que habiendo decretado el archivo, por no comprobarse conducta ilícita a investigar se elevó en consulta al Superior jerárquico (Fiscal de Cámara) y este recomendó realizar otras medidas de prueba.
- De lo investigado por la Fiscalía, con las recomendaciones del Fiscal de Cámara y en virtud de las testimoniales recibidas se desprende que únicamente en el año 1.996, se realizó una quema de expedientes en la Subsecretaria de Trabajo. Luego, que no existió un archivo de expedientes en esa repartición en el que se depositara documentación, mucho menos, documentación en trámite de rendición.
- Que luego de cumplidas las diligencias recomendadas por el Fiscal de Cámara, el Fiscal a cargo de la investigación, consideró que no existían variaciones respecto del archivo anteriormente dispuesto y elevó a aquél su conclusión a modo de consulta, tal como la ley lo ordena.
- Que en ese paso procesal (de evacuar la consulta) se encuentran las actuaciones.
- Que la resolución de la Cámara que se diera a publicidad fue dada en el marco de excusaciones de los Miembros del Ministerio Público Fiscal, en la que en un exceso de relato y fundamentación el Juez que encabeza la sentencia, ingresa en los hechos denunciados sin atenerse a las pruebas reunidas.
- Finalmente corresponde hacer saber que el imputado en la denominada causa “PER” recusó a esta funcionaria en el Consejo de la Magistratura y le fue rechazada la presentación. También denunció ante dicho Consejo al Fiscal que tramitara su denuncia y el Sr. Auditor analizó lo actuado, señalando que dicho funcionario adoptó diversas medidas relacionadas con la denuncia, en tiempo razonable, desestimando la presentación del imputado, lo cual fue así resuelto por el Consejo.
- Que lo aquí expuesto es de mi conocimiento por encontrarse agregado a las actuaciones tramitadas ante el Consejo de la Magistratura.
Dra. Liliana Piccinini
Procuradora General
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