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Anulan sentencia que había indemnizado a una ex jueza por estrés

El fallo condenaba a la provincia a indemnizar en $10 millones a una ex jueza de Cipolletti por incapacidad definitiva, daño moral y tratamiento psicológico.

Un fallo que beneficiaba a una jueza rionegrina destituida, quien había sido indemnizada luego de que se le reconociera como enfermedad laboral al estrés o "burnout", fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia.

Según se conoció, el caso tiene su inicio con la sentencia de la Cámara del Trabajo de Cipolletti, la que había fijado una indemnización en favor de la ex magistrada en cuestión, admitiendo a el estrés o burnout como enfermedad laboral. En ese contexto, la ART abonó la indemnización prevista en la ley de Riesgos del Trabajo y se extendió la condena a la provincia de Río Negro.

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El recurso fue promovido por la fiscalía de Estado, puesto que la sentencia condenaba a la provincia a indemnizar en diez millones de pesos a una exjueza penal de Cipolletti por incapacidad sobreviniente permanente definitiva, daño moral y gastos para tratamiento psicológico. En ese momento, la Cámara del Trabajo calificó como “riesgosa” la actividad ejercida por la magistrada y consideró al Estado como responsable del padecimiento de la funcionaria.

Con todo esto, el Superior Tribunal de Justicia sostuvo que la sentencia no estaba debidamente fundada. La anuló y ordenó que otro tribunal se expidiera sobre el caso.

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De esta forma, el nuevo fallo consideró que en aquella primera instancia se hizo más hincapié en la prueba testimonial, por sobre la informativa y documental existente en el expediente. Es allí donde se citó como ejemplo que en el año 2004 el Juzgado N°21 tenía un total de 12 empleados, en tanto que sus pares N° 23 y N° 34 contaban con 7 y 6 empleados respectivamente, incluyéndose las secretarías en todos los casos. La información también demostró que los juzgados pertenecientes a la Primera Circunscripción contaban con una dotación promedio de 12 empleados, los de la Segunda un promedio de 8 y los pertenecientes a la Tercera 9.

“Análoga situación se presenta en relación a las memorias correspondientes a los años 2005 a 2010, pues todas ellas arrojan resultados y composiciones semejantes en cuanto a la dotación de personal de los juzgados de instrucción de la Provincia”, arroja el fallo del STJ. Con esos datos se acreditó que el plantel del juzgado a cargo de la jueza no era reducido.

De los informes agregados al expediente también surgió que la Cuarta Circunscripción Judicial fue la que menos causas ingresadas registró en los períodos comprendidos entre los años 2005 a 2007, por lo cual se determinó que “no hubo sobrecarga laboral”.

El fallo de primera instancia indemnizaba a la magistrada en más de 10 millones.

Justamente, la magistrada primero tomó una extensa licencia y luego fue destituida por el Consejo de la Magistratura. Como si fuera poco, los juzgados de instrucción de aquel modelo procesal desaparecieron con la reforma de 2017.

Con toda esta información, el STJ consideró que el ejercicio de la función judicial no reviste el carácter de riesgoso y puso el acento en las aptitudes que se requieren para ser juez o jueza en la provincia y que están previstas en la Constitución.

Es así que indicaron que ser magistrado o magistrada implica estar en una línea de conflicto permanente en función del respeto de los derechos individuales y fundamentales de los ciudadanos, y que a la vez entran en conflicto con los derechos de otros ciudadanos. Por ello, cualquier juez es susceptible de ingresar en conflicto o tensión con un funcionario, político o legislador de otro espacio de poder del Estado.

Finalmente, se desestimó el argumento que hacía referencia a la sobrecarga y a otras circunstancias anormales como las presiones.

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