“Recuperamos la tierra como bien social contra la especulación y el acaparamiento"

Cipolletti.- La legislatura rionegrina aprobó recientemente el proyecto de ley 898/2012, a través del cual se restituyen al Estado rionegrino, mas de 24.000 has. dadas en propiedad a un particular en forma completamente irregular, por parte de las autoridades del gobierno durante el año 2006.

El mencionado, es un proyecto de mi autoría y luego compartido con los legisladores de la comisión investigadora de transferencias de tierras fiscales,  que tuvo como fin la anulación de los actos administrativos, en función de las graves violaciones a la ley 279 y a principios constitucionales.

Textualmente, el artículo 2 de la ley 279 dice que: “Para la interpretación y aplicación de esta Ley, se establece como principio fundamental el concepto de que la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social…”, y en este sentido es condenable toda adquisición que sea especulativa y que tienda a la mercantilización de la tierra. A su vez, todo acto administrativo que disponga la entrega debe adecuarse a la Constitución provincial que en su artículo 75 dice que : “La Provincia considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad...” 

Aquí ya se puede observar una gran contradicción de la operación de venta con la normativa, pues va en contra del espíritu que impregna la misma que es la función social que tiene la tierra contra todo intento de concentración y especulación. Es sabido que estos procesos negativos solo conducen al desarraigo de las poblaciones rurales, la pérdida de identidad cultural, la marginalidad y la pobreza. Por ello, desde el Estado mismo se deben generar las condiciones para fomentar el arraigo, potenciando aquellas actividades económicas armoniosas con el entorno que puedan brindar bienestar en quienes tienen la tierra; además de convertirse en un custodio de este bien social. 

Algunos de los motivos de nulidad del acto administrativo son:

1 - la cantidad de tierras adjudicadas a un solo titular -24.648 hectáreas –excede lo dispuesto para el Departamento de Valcheta, siendo la “Unidad Económica Agraria” de 15.000 has.

2 - el comprador no residió ni generó producción alguna en el predio, según lo que ordena el art. 51 y 60 de la ley 279. Tampoco se cumplieron 5 años desde la ocupación y la escrituración, lo que va en contra del art. 60 de la ley 279 que dice: “Cuando el adjudicatario hubiere cumplido satisfactoriamente toda las obligaciones a su cargo y trascurridos cinco (5) años desde la ocupación del predio, sea ésta anterior o posterior a la adjudicación, previa inspección y mediando resolución favorable de la Dirección, bajo pena de insanable nulidad, será extendido el Título Traslativo de dominio por el Poder Ejecutivo, otorgándosele por ante la Escribanía Mayor de Gobierno”. En este sentido, tampoco hubo inspección alguna para comprobar las obligaciones del adjudicatario.

3 - El Ex CODEMA no intervino en la adjudicación.  Los lotes en cuestión se encuentran ubicados dentro del área protegida “Área Natural Meseta de Somuncura”. Ese organismo está obligado a intervenir de acuerdo a la ley. 

Asimismo, la operación de adjudicación fue realizada a precio vil, valuándose en $ 9,18 la hectárea. El expediente en cuestión fue dictaminado de nulidad absoluta por la Dirección de Tierras y la Fiscalía de Estado de la gestión actual.

Las concentración de la tierra – triangulaciones

La situación que estamos abordando está relacionada con un marco mayor. La adquisición de estas tierras en Meseta de Somuncurá estuvo relacionada con una operación de “triangulación”  que vinculaba a conocidos empresarios. Días antes de la adjudicación se constituyó una sociedad anónima de la que Montes formaba parte junto con el operador inmobiliario Federico Van Ditmar de Bariloche y otras personas. Esta es una modalidad que se repite en varias adquisiciones de tierras en Río Negro, aunque también en toda la Patagonia, dando como resultado la apropiación de tierra en manos de grandes inversores que ocultan su identidad detrás de una Sociedad Anónima.

Esta “estafa” que se hizo al patrimonio público, fue denunciada en su momento por el ex. Legislador Luis Bardeggia que investigó la situación y denunció en medios de comunicación. De esta forma vemos como las tierras de valor incalculable tanto en áreas naturales protegidas, como en zonas de frontera, con nacientes de ríos, lagos y glaciares y con una importante riqueza en biodiversidad pasan del dominio público al privado, violando la legislación vigente y acentuando el proceso de mercantilización de la tierra que se viene dando.

El “acaparamiento” de las tierras como fenómeno se está dando en muchos lugares del planeta, impulsado por intereses relacionados a la agricultura extensiva, la explotación minera, los agrocombustibles, las represas y otros negociados devastadores. El desarraigo y la expulsión de los pobladores dan origen a muchas luchas por la recuperación de territorio.

El Estado, desde su gestión, debe retomar el principio de la tierra como “bien social”, restituyendo a la órbita pública la que se adjudicó o se vendió transgrediendo las normas. A la vez, deberá apoyar y potenciar las actividades económicas genuinas que surgen de las comunidades rurales, de tal forma que los pueblos puedan vivir de la tierra con dignidad, como cuidadores de un tesoro que heredarán las generaciones futuras. 

Dra. Ma. Magdalena Odarda.

Legisladora Provincial Bloque Progresista

Pre-candidata a Senadora del FRENTE PROGRESISTA