Ratificaron el procesamiento de ex funcionarios de Saiz

Viedma.- La Cámara Criminal confirmó hace minutos el procesamiento de Alfredo Pega, Pablo Federico Verani, Adriana Gutiérrez y Cristina Uría, ex funcionarios del gabinete de Miguel Saiz,  responsabilizados en el marco de la investigación por la compra de alimentos en la empresa Flavors.
En la misma causa están procesados también los empresarios Javier Matas, antiguo dueño de Flavors cuando la firma era la proveedora del Estado en la venta de estos alimentos, Máximo Vicchi y Daniel Fernández.
La Justicia les imputa a los ex funcionarios el delito de estafa, defraudación, administración infiel y en perjuicio de la administración pública. A los empresarios, por su parte, se les imputan los mismos delitos pero en calidad de partícipes necesarios.
El procesamiento de funcionarios y empresarios fue dictado por el juez del Juzgado de Instrucción N° 2, Carlos Reussi, y ahora confirmado por la sala B de la Cámara Criminal, integrada por Jorge Bustamante, Pablo Estrabou y Francisco Cerdera.
Los procesamientos fueron apelados por los abogados defensores y la Cámara debió expedirse.
El primero en votar fue Jorge Bustamante. En este caso su voto fue a favor de ratificar todos los procesamientos menos el de la ex ministra de Salud, Adriana Gutiérrez. Además, Bustamante planteó en su voto que habría otros responsables que no están procesados y debieran estarlo en base a las pruebas con que cuenta la causa, como responsables de los Minsiterios de Salud y de Familia. "No existen elementos objetivos del tipo penal en la conducta de Gutiérrez por lo que, entiendo, debe revocarse el procesamiento, sin perjuicio de la continuación de la investigación", sostiene Bustamante en su voto y agrega: "Deberían además investigarse otras conductas, lo que surge de lo señalado en la anterior resolución de la Cámara y en los informes de los defensores y el señor Fiscal de Cámara".
Luego, Estrabou afirma "coincidir" co las conclusiones y sostiene que "nos encontramos frente a un hecho que ha tenido una sola meta", la de "favorecer a las empresas proveedoras de los alimentos para los programas Comer en familia y comedores escolares que administraba el Ministerio de Familia, perjudicando al Estado provincial".
Según este juez, "el juez de Instrucción debería extraer copias de las partes del expediente que correspondan y remitirlas al Ministerio Público Fiscal a los efectos de no demorar más este proceso", para avanzar hacia la próxima etapa pero advirtió sobre los tiempos. "Este proceso no puede demorar ya más, y reitero, tanto si cuadra investigar a los integrantes de las comisiones de preadjudicaciones, como la existencia de otros delitos, ello debe hacerse en actuaciones separadas en mi opinión".
Finalmente, Cerdera afirma haber analizado y valorado las constancias del expediente y la documentacón reservada, y también "el contenido de los informes escritos y oral presentados" por el fiscal y los defensores. "El análisis expone (...) un obrar conjunto entre los empresarios Matas, Vicchi y Fernández, quien actuaban a través de la empresa Flavors y Cía S.A., y los funcionarios Pega, Gutiérrez, Uría y Verani, (...) a consecuencia de las distintas irregularidades constatadas, suministrando las empresas alimentos que no reunían las calidades que se habían determinado en el pliego de licitación pertinente".
Cerdera ratifica que "las irregularidades tienen su origen ya al momento mismo de la adjudicación por parte de las empresas, con el conocimiento y autorización por parte de los funcionarios involucrados", y adhiere a la profundización de la investigación planteada por los demás jueces.
Según indica, existe una "necesidad de investigar otras conductas de funcionarios en el ámbito de los distintos Ministerios provinciales que intervinieran en el hecho investigado".