Luz verde a la revocatoria de Marcelo Román en Allen

Una vecina juntando firmas en la calle dio el primer paso y ahora el Concejo Deliberante de Allen aprobó, por mayoría, un proyecto de resolución que puede terminar con la revocatoria del intendente Marcelo Román. El funcionario está suspendido por una investigación judicial, pero esa medida temporal se discute en la Justicia.

El proceso formal de revocatoria que fue avalado por los concejales responde a un pedido de remoción impulsado por una vecina de Allen que recolectó 3.111 firmas, cerca de mil más de la exigidas por la Carta Orgánica.

El cuerpo deliberativo avanzó ahora en el trámite de destitución mientras la Justicia resuelve el conflicto de intereses derivado de la suspensión de Román. El intendente electo en 2023 podría volver al cargo si recibe un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia y luego ser destituido por un referéndum.

En los fundamentos de la ordenanza del Concejo se planteó que "el instituto de la revocatoria es un canal de control democrático directo de los electores sobre el desempeño ético y operativo de sus gobernantes".

Vías paralelas en el conflicto institucional

Ante la consulta sobre la viabilidad del proceso en medio del conflicto de poderes que tramita ante el STJ, el asesor legal Néstor Soler emitió un dictamen determinante. Para el letrado, tanto la revocatoria como la ordenanza de suspensión transitan por vías paralelas.

El dictamen sostiene que el proceso de remoción constituye un "derecho colectivo de la ciudadanía, que no se halla sometido a los plazos del STJ", y remarca que su vulneración implicaría una afectación directa a la comunidad de Allen.

Asimismo, la resolución declara de orden público que la revocatoria "no altera, no modifica ni suspende la vigencia de la suspensión preventiva dispuesta para Román", además de mantener "inalterable" el interinato del Ejecutivo local.

El 31 de agosto sería la formulación de cargos contra Marcelo Román en la causa judicial que puede costarle la intendencia de Allen.

Notificación y plazos para la recolección de avales

Tras la sanción de la ordenanza, Román deberá ser notificado personalmente de las acusaciones presentadas en su contra. A partir de ese momento, el suspendido intendente dispondrá de un plazo de 10 días hábiles administrativos para ejercer su derecho de defensa y responder a la solicitud.

Transcurrido dicho periodo, con o sin respuesta del funcionario, el procedimiento continuará y el Deliberante habilitará los libros oficiales para dar inicio a la recolección de avales.

Para esta instancia se establecerá un plazo de 30 días con el objetivo de alcanzar el respaldo del 20% de los electores inscriptos en el padrón, lo que representa unas 4.500 firmas. De lograrse esa cifra, se convocará a un referéndum popular que deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores. En caso de que la propuesta no busque prosperar, no podrá iniciarse un nuevo pedido contra el funcionario por la misma causa.

La investigación contra Marcelo Román

El intendente Román es investigado por los delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio del Estado municipal. El marte 31 de agosto se realizaría la audiencia de formulación de cargos.

El Tribunal de Cuentas denunció irregularidades administrativas y falta de transparencia desde el inicio de su gestión y, en medio de una ola de renuncias de funcionarios, se presentó una denuncia penal. Los cuestionamientos se centraron en el rol de un asesor, Sebastián Ocampos, quien sin cargo oficial habría operado como un miembro del Gabinete.

La causa gira en torno a la compra y el uso de un teléfono celular. Todos los gastos los habría asumido el Municipio, pero el teléfono se habría asignado a Ocampos. El monitoreo de esa línea telefónica, según la teoría de los investigadores, prueba que el asesor personal del intendente tomaba decisiones sin haber sido designado.

El antecedente en Allen

La revocatoria de mandatos para intendentes tiene escasos antecedentes en Argentina desde el retorno de la democracia en 1983. El caso más cercano fue el de Omar Goye, en Bariloche (2013. En Allen, sin embargo, hay un caso muy similar al actual.

En 1999 el reclamo de un grupo de vecinos tomó cuerpo, logró la adhesión formal de más de 2.000 ciudadanos -la cifra necesaria en ese entonces- y se encaminaba hacia el referéndum. Sin embargo, el entonces jefe comunal cuestionado, Ulises Gentile (UCR), renunció a su cargo y evitó la destitución.