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Sufrió violencia durante 23 años de matrimonio, hasta que se animó a denunciarlo

La mujer sostuvo que padeció malos tratos del hombre durante todo ese tiempo. La Justicia de Paz ordenó medidas para resguardar a la víctima y a su hijo.

Una mujer relató que durante más de dos décadas sufrió violencia de género de parte de su pareja y padre de su hijo. Admitió que la hostilidad era de ambos, y que se iniciaban discusiones que iban subiendo de tono, hasta que se desataban “agresiones verbales, psicológicas y físicas”.

Aclaró que “nunca se animó a denunciarlo”, hasta la noche del 28 de junio último, cuando volvieron a tener un fuerte cruce de palabras por un ruido que hacía el auto, y LGJ -así lo identifican al hombre- se alteró y le pegó una cachetada, tras lo que siguió una andanada de expresiones agraviantes.

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Entonces ella se comunicó con la policía, lo que permitió que el hombre se tranquilizara.

Cuando llegaron al domicilio efectivos en un patrullero les informó que el conflicto se había calmado, y que al día siguiente iría a la comisaría a formalizar la denuncia.

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El caso de violencia familiar en el que resultó víctima una adolescente ocurrió en Valcheta. Intervino la Justicia de Paz.

El caso de violencia familiar en el que resultó víctima una adolescente ocurrió en Valcheta. Intervino la Justicia de Paz.

Sin embargo no terminó todo ahí, porque ni bien se fueron los uniformados, el acusado se enfureció y le dio “golpes de puños en ambas mejillas”, por lo que decidió subir a su auto y trasladarse hasta la unidad policial. Allí LGJ intentó abrirle la puerta del conductor, aunque como vio pasar el móvil de la fuerza no lo logró.

Los hechos ocurrieron en Valcheta, la localidad rionegrina ubicada en la zona este, a unos 100 kilómetros de Las Grutas.

El expediente policial, iniciado en el contexto de la ley 3040, fue elevado al Juzgado de Paz local, cuya titular Denise Gattoni dispuso una serie de medidas cautelares por un plazo de 180 días, destinadas a la “protección integral pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género”.

Como primera pauta estableció la exclusión del hogar de LGJ y la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros de la mujer. Tampoco deberá contactarse con ella, ni siquiera transitar o merodear en la vereda del domicilio. Para verificar el cumplimiento se ordenaron rondines policiales en el domicilio.

Restitución de la vivienda y cuota alimentaria

En cuanto a la vivienda, la resolución señala que deberá ser restituida a la mujer, quien indicó que se trasladaría a Córdoba junto a hijo a visitar a su familia. Ante su ausencia, se decidió que el hombre podría retirar sus efectos personales mediante un conocido de confianza, para lo que se definió un día y horario.

La magistrada también le ordenó al hombre que deberá abstenerse de ejercer actos de violencia contra la señora en cualquiera de sus formas, así como de producir incidentes, proferir agravios, sea en la vía o lugares públicos o privados, ni efectuar reclamos personales por cualquier vía de comunicación. Las prohibiciones de maltrato también incluyen al hijo de ambos, de 14 años de edad.

En tanto, le comunicaron a LGJ que podrá “mantener un amplio régimen de comunicación” con el chico, aunque respetando horarios de descanso, estudio y la perimetral dispuesta al domicilio del menor.

Comisaría 15 de Valcheta

Asimismo la jueza estableció instrucciones respecto a la prestación alimentaria. En este caso el hombre deberá depositar del 1 al 10 de cada mes el importe equivalente al 20% de los haberes que percibe como empleado. Para corroborar el aporte tendrá que presentar en el Juzgado de Paz su recibo de sueldo y comprobantes de los depósitos.

Por otra parte, la jueza ordenó a ambas partes realizar un tratamiento psicológico con el fin de trabajar en la problemática planteada. Propuso recurrir al Servicio de Salud Mental del Hospital Valcheta y acreditar el cumplimiento.

También dispuso darle intervención a la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-, a la Defensora de Menores e Incapaces y al Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste.

Se les advirtió a los dos que en caso de detectar incumplimientos a las pautas fijadas cometerán el delito de desobediencia de una orden judicial.

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