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Lo atraparon con un kilo de marihuana, pero dijo que era de su equipo de fútbol

El perro encontró la droga en dos bolsos cuando policías de Toximonanía interceptaron un colectivo que había salido de Chichinales. El acusado iba hacia Choele Choel. Lo condenaron por tenencia de estupefacientes. No va preso.

Un joven de 24 años domiciliado en Chichinales fue condenado por la Justicia Federal a dos años y medio de prisión en suspenso -que no lo lleva tras las rejas- más el cumplimiento de pautas de conducta, luego de que un operativo de rutina realizado por personal de la Delegación Toxicomanía de Villa Regina, le encontraran poco más de un kilo de marihuana cuando viajaba en un colectivo de larga distancia desde la localidad de donde es oriundo, hacia Choele Choel.

El perro Máximo, de la División Canes Narcóticos Allen, fue quien marcó dos bolsos que llevaba Luciano Garcés, al momento de interceptar el micro de la empresa Vía Bariloche la madrugada del 12 de octubre de 2022, a poco de partir de Chichinales.

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El procedimiento, como es habitual en micros y vehículos particulares, consistió en hacer descender a todos los pasajeros con sus respectivos equipajes, para que luego el animal revisara cada con sus olfato.

Al llegar a un bolso negro y rojo marca “Nike” y a una mochila negra y amarilla “Reef”, Máximo reaccionó con ladridos, señal de que había detectado estupefacientes. Al revisar ambas maletas, con la presencia de testigos, encontraron en el Nike un paquete de nylon gris envuelto con cinta de embalaje , conteniendo un ladrillo de sustancia vegetal, que luego se confirmó que era marihuana, que pesó 1,064 kilos. Mientras que en la mochila hallaron 3 gramos de la misma hierba.

El muchacho fue imputado por delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad transporte”.

Operativo Chichinales
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A principios de este mes, los días 1, 4 y 7 de marzo se realizó el juicio a través de la plataforma digital Zoom. Durante la investigación indicó que es trabajador rural y que juega al fútbol de manera recreativa. Luego volvió a declarar al comienzo de las audiencias.

En esta última oportunidad, dijo que viajaba Choele Choel como parte de un equipo de fútbol y que la droga la habían comprado, a un precio de 270 mil pesos, entre los once jugadores del plantel, y que cada uno aportó 17 mil pesos.

“Yo lo llevé en el bolso porque no pensé que iba a tener problemas, solo lo llevé. Me siento arrepentido porque no pensé que iba a tener problemas de ningún tipo", se exculpó ante el Tribunal Oral de General Roca, compuesto por Ernesto Sebastián Simón, Pedro Bracco y Alejandro Silva.

Sin embargo luego se corroboró que no existía tal contingente de futbolistas, y que el acusado viajaba solo.

Entre las pruebas presentadas fueron relevantes los testimonios de los conductores del ómnibus, un perito ge Gendarmería Nacional que analizó la droga secuestrada y los policías de Toxicomanía, que precisaron que se trató de un control de rutina y que el hallazgo fue fortuito, porque no hubo investigación previa.

La defensa pidió anular el procedimiento

Garcés, quien no tenía antecedentes penales, tuvo la asistencia del Ministerio Público de la Defensa, que estuvo representado por Celia Delgado y Gabriela Labat, quien pidió la nulidad del acta de procedimiento por haber “afectado las garantías constitucionales” del muchacho.

Sostuvo en este sentido que un artículo del Código Penal (el 230 bis) “autoriza a los empleados policiales a requisar sin orden judicial pero, cuando medien razones de urgencia, motivos, sospechas previos, nada ocurrió en ese caso”.

“El procedimiento entonces deviene nulo por violación del art. 230 bis del CPPN por ausencia de motivos o razones previos o concomitantes que justificaran el procedimiento tal como se hizo, se ha violado el derecho a la privacidad e intimidad”, agregó la defensora.

Bajo esos fundamentos pidió la absolución de Garcés o en todo caso se lo condenara a la pena mínima por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

En tanto que el fiscal General Subrogante, Rafael Vehils Ruiz y el auxiliar Juan García Barrese, pidieron rechazar el requerimiento de la defensa en cuanto a anular el procedimiento.

Enfatizaron que la normativa “es clarísima en cuanto a la facultad que tienen los agentes de prevención de requisar vehículos y elementos personales”, cuando “se trata de un operativo público de control”.

Frente a estos fundamentos pidieron condenar a Garcés a la pena de cuatro años de prisión y multa de 45 unidades por resultar autor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes.

Correcto operativo

El juez Ernesto Sebastián, en el voto rector, le dio la razón a la Fiscalía al aseverar que el artículo 230 bis “autoriza a los funcionarios de la policía y fuerza de seguridad, a que, sin orden judicial, procedan a requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo”.

Destacó que la requisa de los bolsos estaba justificada a partir de Máximo marcó donde llevaban la droga.

Además resaltó que los responsables del procedimiento pusieron en conocimiento del hallazgo de la marihuana “a la magistratura interviniente, a través de comunicación telefónica con el Secretario del Juzgado- a fin de consultar cuales eran las directivas a seguir”.

“Todo ello me persuade a entender que en el caso no hubo, como plantea la defensa, un procedimiento en el que se verificó la violación de garantías constitucionales sino que se trató de un procedimiento de rutina que se efectuó en cumplimiento de todos los recaudos y disposiciones legales por lo que entiendo corresponde, sin más, el rechazo del planteo”, sostuvo el magistrado, que contó con la adhesión Bracco y Silva.

La pena

Mientras que el tribunal avaló el pedido de la defensa para descartar la figura de “transporte de estupefacientes” porque es una calificación que involucra un eslabón de la cadena de tráfico, que no se pudo comprobar.

Los mismos policías afirmaron que desconocían la procedencia de la droga ni tampoco se investigó el destino que llevaba.

De allí que optó por imponer la clasificación de “tenencia simple”, debido que se no se pudo acreditar “la finalidad intrínseca del transporte de la sustancia o que sea un eslabón de mencionada cadena”. Es decir que no se pudo considerar a Garcés “como un engranaje del tráfico ilícito de estupefacientes”, lo que estuvo sustentado en el hecho de que no lo estaban investigando, sino que fue atrapado “de manera fortuita”.

En cuanto a la pena, el tribunal consideró atinado condenar al joven a dos años y seis meses de prisión condicional, una multa de 225 pesos, el pago de las costas del proceso ($4.700) y el cumplimiento de pautas de conducta.

Entre ellas fijar domicilio, someterse al control mensual del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) de General Roca, mantener su buena conducta y no cometer delitos.

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