Escándalo en la Justicia: son más de 100 las armas de fuego "desaparecidas"

El hallazgo de un arma en un allanamiento, que debía estar en un depósito judicial, fue apenas la punta del ovillo y cuando los investigadores empezaron a tirar del hilo, el resultado fue alarmante. Son más de 100 armas de fuego las que fueron secuestradas y desaparecieron de los depósitos judiciales.

Todo comenzó en la Ciudad Judicial de Roca, pero ya incluye a todos los depósitos del Poder Judicial de Río Negro. Las armas de fuego debían estar bajo custodia de la Justicia, pero desaparecieron y se presume que volvieron a manos de delincuentes. La Fiscalía de Roca avanza con una denuncia por el caso.

La investigación se inició a partir de un procedimiento policial en el barrio Tiro Federal, donde se secuestró una de las armas utilizadas en un enfrentamiento armado. Al verificar su numeración, se descubrió que había sido secuestrada con anterioridad, lo que encendió las alarmas.

La fiscal Teresa Giuffrida abrió una investigación para determinar cómo el arma llegó a manos de delincuentes. Al mismo tiempo, la Auditoría de la Justicia inició su propia pesquisa para descubrir cómo se burló la cadena de custodia. El relevamiento de las armas secuestradas se extendió más allá de General Roca.

Quién custodia las armas

Las armas secuestradas en causas penales deben permanecer bajo custodia del Poder Judicial siguiendo un protocolo estricto. Esa tarea es responsabilidad de la Oficina Judicial, que depende directamente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, tras la reforma procesal implementada en 2017.

En la cadena de custodia solo intervienen funcionarios y empleados judiciales. El protocolo excluye a la Policía una vez que se entrega el arma incautada, por lo que la investigación del caso solo tiene sospechosos dentro de la Justicia.

La desaparición de armas no solo supone un riesgo por su retorno al circuito delictivo, expresaron fuentes judiciales, sino que podría impactar en causas judiciales abiertas donde representaban un elemento de prueba.

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Empleados de la Justicia, separados de sus cargos

Las medidas judiciales están a cargo de la jueza de Garantías Claudia Lemunao, quien ordenó allanamientos en domicilios vinculados a personas bajo investigación. Hasta el momento, no se informaron resultados positivos. Sí, se informó que de manera preventiva, en Roca, al menos tres empleados del área fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación interna y judicial.

En tanto, el Superior Tribunal de Justicia designó al Auditor General, Juan Manuel Montoto, para llevar adelante la investigación interna y determinar responsabilidades.

Desde el organismo indicaron que el objetivo primordial es asegurar la trazabilidad de los secuestros y reforzar los mecanismos de control interno. Dependiendo de los resultados de la auditoría, se prevé la adopción de medidas precautorias y sanciones administrativas para el personal responsable de la custodia de dichos bienes.

Hasta el momento, las investigaciones avanzan con gran recelo sobre la información, teniendo en cuenta que todos los involucrados forman parte del Poder Judicial. "Se debe preservar la investigación", expresaron desde la Justicia.

"Los detalles adicionales se comunicarán a medida que avancen tanto la investigación penal como la administrativa, en resguardo del adecuado desarrollo de ambos procesos", se informó desde el Poder Judicial.