Pedirán ayuda para pagar

El dueño de las tierras y las familias que se asentaron en el Barrio Obrero retomaron el contacto y se muestran decididos a avanzar en una negociación que permita destrabar el conflicto por la toma, paradigma del conflicto habitacional en la ciudad. En el inicio de las conversaciones, como a lo largo de la disputa, el Estado se mantuvo al margen aunque los vecinos quieren que se involucre para superar las barreras que surjan en la discusión económica.
Carlos Romero, titular del inmueble, tasó el predio en unos 11 millones de pesos, lo que representaría entre 22.000 y 29.000 pesos por familia, dependiendo de la cantidad de lotes que se oficialicen.
Tras la primera reunión informativa, en el asentamiento comenzaron a plantearse situaciones de familias que aseguran no poder pagar esa suma en dos o tres cuotas. Y por ello los referentes de la usurpación recurrirían al Municipio para que aporte el dinero con mayores facilidades para la cancelación.
En ese contexto, hubo una reunión en las oficinas del cuarto piso del edificio municipal, de la que habrían participado Lilia Calderón y el intendente Abel Baratti, aunque las partes no confirmaron cuál fue el tema de debate.
“Nosotros no vamos a echar familias porque no puedan pagarle a Romero en los plazos que él pretenda, entonces creemos que el Estado, que es responsable de este conflicto, debe interceder”, manifestaron en la toma ubicada al norte de Circunvalación y Naciones Unidas.
En el barrio se realizaría un loteo para determinar la cantidad de personas que no pueden pagar en forma inmediata y se calcularía el monto a aportar. “Somos gente de trabajo, así que no va a ser la mayoría”, manifestaron.
Con el desalojo latente y sin chances de que se expropien las tierras, las familias y el dueño del lugar se aferran a la posibilidad de llegar a un acuerdo.