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Otro revés judicial para Piccinini. Ahora, sobreseen a Cufré

Bernardi, además, declaró extinguida la acción penal interpuesta por Piccinini contra Cufré y le aplicó el “principio general de la derrota” en cuanto a las costas del juicio, que llegaría al monto aproximado de 5.000 pesos.

Cipolletti.- El juez viedmense Juan Antonio Bernardi sobreseyó definitivamente al jefe de la Policía de Río Negro, Víctor Cufré, en la causa por calumnias e injurias que le inició la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, publicó la agencia de noticias ADN. El titular de la fuerza de seguridad había  mencionado – en declaraciones periodísticas - las actuaciones que se realizan en otra provincia como consecuencia del robo de un auto oficial que estaba a cargo de la funcionaria del órgano de control externo.
Esta sentencia, contraria a los intereses de la defensora, se suma a la difundida ayer por ADN, donde la Cámara en lo Criminal de Viedma rechazó una apelación de la funcionaria que pretendía ser incorporada como querellante en la causa Flavors.
Bernardi, además, declaró extinguida la acción penal interpuesta por Piccinini contra Cufré y le aplicó el “principio general de la derrota” en cuanto a las costas del juicio, que llegaría al monto aproximado de 5.000 pesos.
 “Luego del cambio de legislación se dio la oportunidad de adecuar la presentación a la nueva situación. Como la querellante entendió que igual debía continuar con la querella y se resuelve en contrario, se le deben imponer las costas”, sustentó el juez en lo correccional de Viedma en una resolución que emitió ayer.
Las actuaciones se iniciaron cuando Piccinini promovió querella criminal por los delitos de calumnias e injurias contra Cufré, por declaraciones que formuló  el 18 de marzo de 2008 en una radio local. A través de un abogado, el jefe policial anticipó que no asistiría a la audiencia porque “no existe posibilidad de conciliación”.
Uno de los aspectos centrales que examinó Bernardi apuntó a la calidad de funcionarios de ambos y a la reciente modificación de dos artículos del Código Penal en cuanto a que las expresiones que se consideran ofensivas o calumniosas se refieran a asuntos de interés público o no sean asertivas.
En este sentido, el juez detalló que la reciente modificación dispuesta por la Ley 26.551, del Código Penal, delitos contra el honor, introdujo cambios significativos que robustecen la libre discusión en cuestiones de interés público. “Es con fundamento en esa doctrina que ambos aspectos funcionario público-interés público se encuentran amalgamados en la presente causa y su solución”.
Agregó que “se sostuvo para ello que resultaba necesario remarcar la importancia de la discriminalización de las expresiones sobre asuntos de interés público, que obedece al peligro de cercenamiento del debate político con las consecuencias desfavorables que ello acarrea para el sistema democrático”.
En otro de los principales ejes de la resolución, el juez resalta que “aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas y que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.
Consideró además que “está claramente establecido hoy en nuestra legislación...la absoluta desincriminación de los casos en los cuales las expresiones se refieren a asuntos de interés público o que no sean asertivos o se refieran a funcionarios públicos”. Citó que la reciente reforma se asienta sobre el principio general de que, en ningún caso, configurarán los delitos de calumnias, injurias y reproducción de calumnias e injurias inferidas por otro las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no se sean asertivas.
Bernardi explicó que los dichos que Piccinini le imputó a Cufré, vinculados con el robo de un bien del Estado provincial (camioneta de propiedad del Estado) “es un claro caso de los que puede considerarse de interés público y, además, se trata de la actuación de una funcionaria, de un bien del Estado y de una causa judicial producto del ejercicio de una acción pública”.

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