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No se irán de las tierras ocupadas

A los participantes de la toma de Zoppi no les gustó la propuesta del intendente Abel Baratti de abandonar el asentamiento, formar una cooperativa y trasladarse al Distrito Vecinal del Noreste.

Para los ocupantes, la solución debe ser inmediata y no a dos años como mínimo, que es el tiempo para cumplir todos los trámites. En el DVN pagarían 1.100 pesos por cada lote.
 
Los ocupantes del predio de Zoppi ubicado al sur de la Ruta 22, junto a la calle Lisandro de la Torre, no aceptaron la propuesta del intendente Abel Baratti para que desalojen el asentamiento y acepten la posibilidad de radicarse en el Distrito Vecinal del Noreste.
Manifestaron no estar dispuestos a esperar los al menos dos años de tramitaciones para acceder a un lote en el gran emprendimiento urbanístico cercano a El 30, pues alegan que sus necesidades de un lugar propio donde vivir son imperiosas.
El ofrecimiento oficial se efectuó ayer durante una reunión en la que también intervinieron el secretario de Gobierno, Darío Bravo, y el director de Prevención del Delito, Oscar Edorna. La delegación de los ocupantes estuvo encabezada por el referente llamado Ernesto, a secas, e incluyó a la dirigente de los derechos humanos Paola Panizza.
Como la alternativa se comunicó ayer de palabra, está previsto que se formalice hoy por escrito, ya que un emisario de la Municipalidad se hará presente en la toma para cumplir con el trámite.
El nuevo asentamiento se consumó el domingo a la madrugada y fue protagonizado por 34 familias, una parte de ellas originarias de los barrios Costa Norte y Costa Sur además de otras provenientes de distintos puntos de la ciudad.
El encuentro entre las partes se concretó en la sala de reuniones de la intendencia. Allí, Baratti dio a conocer los puntos de vista de su administración contrarios a las ocupaciones de tierras junto con la propuesta para que las familias se instalen a futuro en el DVN.
 
Cooperativa en el Distrito
El jefe comunal expresó, tras las conversaciones, que el Municipio ofreció ayudar a las familias, nucleadas en el Frente Darío Santillán, para “conformar una cooperativa y radicarlas en el Distrito donde tenemos terrenos para esa posibilidad”.
Además, se les informó que el precio de los lotes individuales sería por demás bajo. “Su valor sería de 1.100 pesos, un monto que hasta lo tenemos por ordenanza. Más accesible, que eso no existe en el país. Obviamente, tendrían que trabajar con otras cooperativas para hacer después todos los servicios. Hay más de 10 cooperativas para trabajar en esto y llevar así el agua y la luz”, indicó Baratti.
“El Municipio les ofrece hasta hacer un acuerdo por escrito, que no sólo quede en palabras y que los vecinos de la toma tengan la posibilidad de que, a futuro, en un plazo no menor de dos años, cuenten con un terreno social a 1.100 pesos, un título de propiedad para el futuro y todos los servicios”, enfatizó.
A la crítica que formularan los ocupantes sobre la lejanía del DVN, el intendente recordó que el sector urbanístico contará con “escuela primaria, preescolar, secundaria, destacamento policial, salud pública, centro comunitario y accesos asfaltados para el futuro”.
Ratificó que en su administración “no avalamos este tipo de tomas, obviamente, porque no es vivir dignamente así, más allá de las necesidades de acceso a la tierra y la vivienda que se tengan como la tienen miles de cipoleños”.
 
Ni las mínimas expectativas
El dirigente Ernesto, por su parte, dejó en claro que los participantes de la ocupación no se irán de las tierras que han tomado en las condiciones propuestas por Baratti. “La reunión la verdad que no nos llenó las mínimas expectativas. Nos hicieron una oferta a futuro, a dos años, en el DVN, que se puede llegar a ampliar, y que el progreso, y que todo lo mismo que estamos escuchando hace mucho tiempo. Pero sobre las necesidades de hoy, no hay ninguna atención”, manifestó.
Expresó que “una orden de desalojo no puede esperar dos años, ni tampoco el no poder pagar el alquiler. La situación de tanta gente no puede demorarse tanto. Nosotros queremos encontrar ya una solución”. Sostuvo que los funcionarios del municipio y del Estado “ni siquiera se dignan” a presentarse en el asentamiento para dialogar con los ocupantes sobre sus problemas. Agregó que hasta ayer tampoco se había apersonado la jueza a cargo de la situación, Sonia Martín.
“En realidad, lo que les molesta acá es que le toquen los intereses a este señor Zoppi, porque si fuera a cualquier otro ciudadano no les importaría. Nosotros seguimos apostando a permanecer en el lugar donde estamos, a seguir limpiándolo y a tratar de edificar como podamos. Y en dos años más, hablaremos entonces”, concluyó.

Piden que se considere la situación social
La organización de derechos humanos Activar, a través de sus dirigentes Paola Esther Panizza y Juana Esther López, solicitó a la jueza Sonia Martín que se retire la Policía del predio de Zoppi tomado el domingo y también que se asegure la posibilidad de ingresar alimentos y agua para los ocupantes, entre los que hay muchos niños.
También exigió que se permita la entrada y salida sin ninguna traba a las personas que protagonizan la toma y reclamó que el intendente Abel Baratti se haga presente en el asentamiento, para que el Estado garantice las prestaciones básicas para cualquier ciudadano.
La jueza, a través de un escrito, les hizo saber que había pedido un informe inmediato al titular de la Comisaría Cuarta, Héctor Pérez, sobre la labor de la Policía y que había solicitado la intervención de la Justicia de Familia y de Promoción Social para conocer la situación de las familias y, en especial, de los niños.

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