Lucha contra la inflación: el Gobierno recortó gastos en obra pública y jubilaciones
El Ministerio de Economía informó que hay bajas en el gasto público, pero anticipa que el segundo semestre del año buscará compensarlas.
En un año electoral, políticos de todos los partidos luchan a contrarreloj para baja la inflación y lograr influir en la gente a la hora de colocar el voto en la urna. Así, el Gobierno acaba de anunciar que redujeron gastos en obra pública y en jubilaciones.
“En el inicio de 2023, el titular del Palacio de Hacienda puso el pie sobre el gasto”, comienza una comunicación oficial del Ministerio de Economía que menciona que, en la primera semana de febrero, el gasto público cayó 24,3% y se ubica en el nivel más bajo desde que Sergio Massa asumió en el cargo.
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La información difundida desde las oficinas de Massa utiliza un informe elaborado por la consultora económica Analytica para destacar que los primeros siete días de febrero mostraron un “desplome” del gasto primario del 41,4%, con relación a la última semana de enero. “Se trata del nivel de gasto real más bajo desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Los ajustes más significativos en términos interanuales se concentran sobre la obra pública y las asignaciones familiares y por hijo”, apuntaron, en referencia al reporte privado.
El ministro de Economía busca allanar el camino hacia el cumplimiento de la meta de déficit fiscal de 1,9% pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el Palacio de Hacienda aseguraron que Massa tiene la “complicada tarea de seguir emprolijando los números del Estado en medio de presiones cambiarias y en un año de elecciones presidenciales en el que generalmente los gastos suben en la segunda mitad”.
Además, mencionaron en la comunicación un “contexto en el que la recaudación de impuestos da señales de debilitamiento”.
Aseguraron que el gasto podría ir relajándose a partir de junio, en vísperas de las elecciones presidenciales. Es decir que, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Economía, el recorte que se evidencia en el primer semestre servirá para compensar lo que se requerirá más cerca del calendario electoral. “El equipo económico considera que tendrá algo de margen para ello, ya que se supone que este año la economía podría crecer un punto por encima de lo previsto con el FMI”, destacaron.
El reporte que menciona el Ministerio de Economía destaca que, en la tercera semana de enero, el gasto primario real cayó 18,3% respecto de igual semana de diciembre, y 31,1% en comparación con un año atrás. La caída estuvo enfocada en jubilaciones y pensiones debido a que el bono otorgado en 2021, tomado en pesos de diciembre de 2022, fue $6.000 superior al asignado para el trimestre diciembre, enero y febrero.
En precios constantes (es decir, que se tiene en cuenta el efecto inflacionario), los subsidios económicos cayeron 83,9% desde comenzó el año. En ese período, los desembolsos para obra pública se desplomaron 81,4%. También bajó el gasto en jubilaciones y pensiones, en personal, programas sociales (31,1%) y transferencias a provincias (59,7%).
Sin embargo, otros economistas advierten que el panorama no es tan así. “El Gobierno muestra satisfacción con la baja del déficit fiscal y preocupación por la alta inflación. Esto es una incongruencia, ya que gracias a la inflación es que se bajó el déficit fiscal. Más preocupante es que desde la oposición tampoco aparecen ideas superadoras respecto al uso de la inflación para ajustar las cuentas públicas”, destacaron desde Idesa, la consultora de Jorge Colina.
A principios de febrero, Massa instrumentó una política que le permitirá tener mayor control y discrecionalidad en el gasto público y sobre las necesidades de los ministros. A través de una serie de decisiones administrativas, llevó a cabo un importante cambio en la manera en la que los ministros gestionan sus presupuestos. Por medio de la Resolución 63/2023, el titular del Palacio de Hacienda determinó un nuevo circuito para la realización de las modificaciones presupuestarias.
Los ministros ya no pueden destinar recursos de un programa a otro de su misma cartera, reasignar gastos de capital a distintos destinos ni tampoco alterar la estructura programática de sus ministerios sin la aprobación de Economía. La medida no especificó qué criterios utilizará esa cartera para aprobar o no las modificaciones que soliciten los titulares de los distintos órganos.
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