La Policía lo baleó en 2001 y su caso llegó a la CIDH

Pasó por la puerta de un súper que estaban saqueando y fue herido.

El reclamo de un cipoleño que quedó hemipléjico llegó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pide al Estado provincial que lo indemnice por los daños que sufrió durante los saqueos de 2001. Hace muchos años que lo hace, pero tuvo que recurrir a la CIDH para que su planteo sea al fin escuchado.

La comisión convoca al gobierno argentino para que haga sus observaciones en un plazo de tres meses y se pone a disposición del demandante y el Estado con el objetivo de resolver el conflicto por la vía de la conciliación.

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Misael Bravo tenía 33 años y trabajaba como embalador de frutas. El 19 de diciembre de 2001, en el contexto de una manifestación frente a un supermercado, volvía de trabajar en bicicleta cuando recibió el impacto de una bala que le causó una incapacidad del 70% y afecciones que requieren tratamiento de por vida.

Nunca se pudo encontrar al culpable, pero quedó acreditado que la vaina era de la Policía. Bravo no participaba de los saqueos, pero justo pasaba por ahí cuando la Policía reprimía.

Sus abogados Horacio Freiberg y Enrique Kohon recordaron así el episodio que marcó su vida para siempre, y por el que intentaron durante todos estos años que cobrara una indemnización, que la Justicia hiciera lugar a la demanda que iniciaron contra el Estado provincial. Sin embargo, vericuetos judiciales impidieron que accediera a este reconocimiento.

Freiberg recordó que el Tribunal Superior de Justicia no hizo lugar al planteo porque consideró que la acción había prescripto. “Una locura total”, consideró.

Entonces apelaron ante la Corte Suprema y los jueces rechazaron la petición porque no cumplía con todos los formalismos que se exigían. “Al recurso le faltaban cuatro fotocopias de 2500 fojas, alto totalmente insustancial”, acotó el letrado.

Pero siguieron insistiendo, convencidos de que Bravo necesitaba una reparación, que era lo justo y necesario. “Siempre entendimos que era una salvajada no atender su reclamo. Acá hubo una bala de la represión contra los manifestantes, que él recibió porque pasaba por el lugar”, sostuvo Freiberg. De esta manera, en 2014 elevaron el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“Nosotros queríamos un dinero para que él pueda vivir con dignidad el resto de su vida. Nunca nos dieron bolilla. Ya estábamos con los brazos caídos, pero entonces recibimos esta notificación que nos llena de optimismo. La Comisión le dio admisibilidad y este resultado nos genera expectativa”, expresó el abogado.

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