LMCipolletti 24 de marzo 2010 - 21:00

La Legislatura provincial analizará 20 proyectos de ley

El Parlamento vuelve a sesionar, con una intensa agenda. El justicialismo no logró los votos para interpelar a González.

Ocho proyectos de ley de primera vuelta y 12 de segunda instancia, serán debatidos hoy en la sesión de la Legislatura provincial. Uno de los proyectos de primera vuelta busca la prórroga por 12 meses del plazo establecido de desastre agropecuario por sequía y hasta el 31 de diciembre la suspensión de remates judiciales de bienes inmuebles por la ejecución de deudas provenientes de canon de riego que fomenta el presidente del parlamento provincial Bautista Mendioroz.
También se analizará la ampliación durante este año de suspensión del pago de créditos provinciales afines a la producción, a los productores agropecuarios en zonas de secano de Río Negro.
También serán tratados los proyectos de ley de la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos y de creación del programa de responsabilidad social y ambiental empresaria.
Completa el temario de proyectos de primera vuelta la declaración de interés prioritario para el desarrollo económico-social y turístico de la Región Sur y la reparación y reequipamiento de la empresa Tren Patagónico.
También fue incorporada al orden del día la aplicación del régimen de retenciones sobre acreditaciones bancarias implementado en Buenos Aires sobre la inclusión en el padrón de contribuyentes de extraña jurisdicción en base a presunciones.

Interpelación

También se trató en labor Parlamentaria el pedido de interpelación en el recinto y sobre tablas al secretario general de la Gobernación, Francisco González, que impulsan legisladores del bloque Justicialista para consultar sobre gastos publicitarios, pero al no tener la mayoría requerida se acordó su tratamiento con dictamen de comisiones.
El legislador Jorge Pascual (Concertación para el Desarrollo), quien presidió la reunión de labor Parlamentaria, explicó que “esta posición no trata de impedir el mecanismo constitucional previsto, sino adecuarlo a la normativa de práctica.