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La Cámara de Apelaciones rechazó un recurso de nulidad de Vincenty

Se trata de una medida que fue presentada tiempo atrás por el ex funcionario de la Justicia Federal rionegrina, en ejercicio de su propia defensa, en relación a la "Causa Montecino".

Neuquén > La Cámara de Apelaciones Federal de General Roca rechazó un recurso de nulidad que fuera presentado oportunamente por el ex funcionario de la Justicia Federal rionegrina Juan Luis Vincenty, en ejercicio de su propia defensa. El abogado centró su impugnación en la decisión del Tribunal Federal de Neuquén de intervenir su teléfono celular. La diligencia procesal fue impulsada en el marco de las investigaciones del secuestro de más de 200 kilos de droga incautados por efectivos policiales de la provincia de Neuquén, el 23 de septiembre del año pasado, en distintos domicilios de Cipolletti.

La medida adoptada por la Justicia neuquina se funda en dos asuntos centrales: la directa vinculación profesional de Vincenty con los hermanos Héctor y Ruth Montecino, sindicados como cabecillas de la organización delictiva que distribuía y comercializaba estupefacientes en la región, y en su relación con Susana Ricci, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como prosecretaria administrativa de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Roca.

Las investigaciones sobre el cargamento de droga fueron encaradas inicialmente por la jueza Carolina Pandolfi y desarrolladas después por el flamante magistrado Federal, Gustavo Villanueva. Ambos advirtieron que Ricci -en momentos en que se encontraba en funciones y en plena investigación del secuestro de droga y la captura de los hermanos Montecino- se habría comunicado al celular de Vincenty, al parecer, para enviar precisa información sobre algunos procedimientos que iba a ejecutar la Justicia neuquina. Se habría demostrado también que Vincenty es el defensor particular de los hermanos Montecino, en esta y en otras causas federales por hechos similares ocurridos en la provincia de Río Negro.

La resolución señala que Vincenty se ofende por la decisión adoptada por la Justicia Federal de Neuquén. En ese sentido sostuvo que la intervención telefónica dispuesta “constituye no solo una flagrante violación al derecho a la privacidad de las comunicaciones y de confidencialidad que la ley asegura a cualquier ciudadano y específicamente a un abogado, sino que también implicó un afectación al derecho de defensa en juicio”. Luego sostiene que la determinación de la intervención telefónica “contenía una fundamentación aparente que no satisfacía los requisitos constitucionales y que dicha actividad procesal defectuosa debía ser declarada nula y ser excluida como evidencia de cargo”.

Alertados

El juez Armando Márquez, responsable del primer voto, afirmó en el dictamen que de las intervenciones telefónicas ordenadas surgió que Héctor y Ruth Montecino estaban anoticiados de las investigaciones iniciadas por las Justicia Federal de Neuquén. “Más aún, la información se habría obtenido del seno de la Justicia Federal de Roca y habría sido facilitada a los narcotraficantes por Vincenty”, explica. El magistrado afirma que lo dicho “no es una mera conjetura aislada o una afirmación subjetiva, sino que se apoya en el contenido de los diálogos en los que expresamente no sólo se lo menciona directamente a Vincenty como la persona que proporcionó dicha información, sino que además en las conversaciones se menciona como fuente, a la Justicia Federal”.

También expresa Márquez, cuyo pronunciamiento fue apoyado por el juez Federal de Zapala, Rubén Omar Caro, que la medida ordenada sobre el teléfono móvil de Vincenty “contaba con elementos objetivos suficientes y resultaba el tipo de diligencia idónea para verificar los extremos de dicha hipótesis delictual”. Vincenty fue exonerado de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca por los magistrados Carlos Muller y Ricardo Guido Barreiro. La motivación fue la ausencia de confianza. La Suprema Corte de la Nación intervino en el delicado asunto y el 8 de junio pasado, a través de la resolución 1.784, señaló que la sanción aplicada “no es arbitraria ni desproporcionada en función de las faltas comprobadas”.

La Corte sostuvo también que cuando la “conducta de un funcionario judicial es susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de los superiores en lo atinente a su corrección en la prestación del servicio, la separación del cargo no es arbitraria”. Y finalmente subraya que “la confianza es un requisito esencial para el cumplimiento de la labor judicial”.

La Mañana Neuquén

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