Jueces y fiscales, en la mira de la propia Justicia

Los involucrados en la liberación de Valdebenito serán investigados.

El salvaje crimen del joven cipoleño Joaquín Vinez generó una gran conmoción en la comunidad y sacudió los estamentos de instituciones como el Poder Judicial rionegrino. Una vez más, se reveló lo endeble de un sistema que utiliza un presupuesto abultado pero con resultados lejos de lo esperado.

Primero el enojo se enfocó en Matías Valdebenito y la gente reclamó duras penas para el delincuente, que cuenta con un frondoso prontuario. Sin embargo, la bronca de la sociedad no se limitó al asesino sino que también recayó sobre los funcionarios judiciales encargados del seguimiento del criminal, para quienes se pidió que rindan cuentas.

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La magnitud del hecho, en una ciudad marcada por asesinatos impunes, disparó los cuestionamientos de múltiples sectores y parece que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), que tiene a un cipoleño entre sus integrantes, decidió encabezar una rigurosa auditoría que revise las actuaciones de fiscales y jueces de la Cuarta Circunscripción. La novedad surgió a mediados de la semana pasada y estuvo bajo siete llaves porque había intención de hacerla pública, indicaron fuentes tribunalicias.

Será el debut de la auditoría interna, bajo la responsabilidad de Juan Manuel Montoto Guerrero, quien deberá analizar expedientes y resoluciones adoptadas por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti y jueces de garantía y juicio. Este trabajo minucioso no sólo tiene el respaldo del STJ sino también de la Procuración general, a cargo de Jorge Crespo. La gran incógnita es hasta dónde avanzará Montoto, aunque la decisión es ir hasta el hueso y revisar las intervenciones del juez de Ejecución Penal Lucas Lizzi; los jueces Alejandra Berenguer, Guillermo Baquero Lascano y César Gutiérrez Elcaraz (ya jubilado); y los fiscales.

En primer término, precisaron las fuentes, la auditoría se enfocará en la seguidilla de hechos cometidos por Valdebenito y las resoluciones judiciales que se adoptaron en las oficinas de Urquiza y España. Uno de los ataques delictivos que derivó en la detención del asaltante ocurrió el 19 de mayo de 2015 y por ese incidente se le dictó una condena efectiva de tres años de prisión efectiva.

Transcurridos unos ocho meses del cumplimiento de la pena, se iniciaron las idas y venidas que desembocaron en una polémica decisión judicial de liberar al peligroso ladrón a principios de este año.

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