LMCipolletti 10 de marzo 2010 - 21:00

Fuerte ofensiva del PJ cipoleño contra la propuesta de reforma constitucional

"La gente demanda hoy soluciones a los problemas y no una reforma a la Carta Magna", dice un comunicado.

El Justicialismo cipoleño se pronunció en forma adversa a la idea de avanzar con el mentado proyecto de una reforma a la Constitución provincial, entendiendo que “lo que la gente reclama hoy no es una reforma, sino que el Gobierno tenga la vocación de solucionar los problemas más elementales de la sociedad”.
En una declaración firmada por el titular de la Unidad Básica local, Oscar Rodríguez, se señala que "es una mentira que la solución está en la reforma”, acotando que “sólo servirá para ocultar los graves problemas que tendremos durante este año y el que viene”, aludiendo enseguida a la situación salarial de la administración pública, la cuestión de la educación y la salud pública, el endeudamiento creciente, el déficit financiero" que –dice- “son los verdaderos problemas que tiene la provincia”.
“Si uno de los argumentos que explican los radicales reformistas es que esta constitución es antigua, ya que data del 3 de junio de 1988, deberían darse cuenta que ellos lo son más, pues están gobernando la provincia desde 1983”, señala Rodríguez.

Desde el 88 a la fecha

Cuestiona a quienes proponen este tipo de cambios que “deberían darse cuenta que los 21 años no alcanzaron para que los radicales cumplieran efectivamente con los preceptos sabiamente incorporados en la Constitución de 1988”, haciendo mención al “sistema carcelario, amparo a la niñez y tercera edad, vivienda digna, cogestión y autogestión en la producción y participación en la ganancia, carrera administrativa del agente público, salud, derecho de huelga y política científica y tecnológica, que son algunos de los títulos de la Carta Magna”.
Ingresando en la parte final de la nota, el titular del PJ de Cipolletti hace referencia puntual a la educación, expresando que se trata de “un instrumento eficiente para la liberación, la democracia y el inalienable respeto por los derechos y obligaciones del hombre”, como también “es un derecho de la persona a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e irrenunciable, para lograr una sociedad justa, participativa y solidaria”, explicando que el Estado asigna para ello suficientes recursos.
Y remata sosteniendo que “lo que la gente reclama no es una reforma, sino que el Gobierno solucione los problemas más elementales que tiene la sociedad”.